El diputado vallisoletano, José Ángel Alonso, defiende en el Congreso que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados "debe ser una oportunidad para luchar contra el cambio climático"

El diputado vallisoletano, José Ángel Alonso, defiende en el Congreso que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados "debe ser una oportunidad para luchar contra el cambio climático"

"Hacer una transición justa, crear nuevos empleos en España y cumplir con los objetivos que nos hemos marcado como país”
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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados más de 200 enmiendas parciales a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para avanzar de verdad hacia una economía circular en España. Para el GPP, es prioritario hacer una transición justa y atender las demandas de más de un millón de empresas en España afectadas esta Ley, la mayoría son pymes y autónomos, que no han sido escuchadas por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico. 


En este sentido, el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, César Sánchez, denuncia la falta de diálogo de la vicepresidenta Teresa Ribera con los sectores afectados. Por una parte, César Sánchez señala que el GPP propone cambiar el título de la Ley, incorporando el concepto de economía circular. “Esta Ley no puede ser una Ley fallida de un Gobierno que ha demostrado ser un Gobierno fallido”, afirma el portavoz popular, quien asevera que tampoco puede ser una oportunidad perdida porque “necesitamos avanzar de verdad hacia una economía circular en España”. “La economía y la sostenibilidad o van de la mano o lo pagará nuestro medio ambiente”, advierte.  


Por otra parte, el portavoz de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible del Grupo Parlamentario Popular, Jose Angel Alonso, defiende “que esta Ley debe ser una oportunidad para luchar contra el cambio climático, hacer una transición justa, crear nuevos empleos en España y cumplir con los objetivos que nos hemos marcado como país”. Por último, el GPP remarca que con sus enmiendas traslada al Gobierno su “preocupación y las inquietudes de la sociedad civil, de las entidades ambientalistas, del municipalismo, de las Comunidades Autónomas y de las empresas de España”.