El Presidente de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha hecho entrega esta mañana de la Memoria Anual correspondiente al año 2020 que se expondrá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas. La presidenta de la Comisión, Marta Gago, ha sido la encargada de su recepción.

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, ha intensificado su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público. En el quinto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, se presentaron 329 reclamaciones, 4 más que en 2019. Del total de reclamaciones recibidas, 238 tuvieron su origen en denegaciones de información solicitada a entidades locales (un 72 %), de las cuales 190 correspondieron a ayuntamientos, 36 a entidades locales menores y 12 a diputaciones provinciales; 77 se presentaron frente a la Administración autonómica. En 243 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta por parte de las Administraciones a la petición de información realizada, habiendo pasado del 63 % en 2019, al 74 % en 2020. Las tres materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas a la información económica y de contratación de las entidades locales, a las actuaciones de carácter urbanístico de estas y al empleo público en general.

En 2020, la Comisión de transparencia ha adoptado 251 resoluciones, 35 más de las formuladas en 2019. En 132 de estas se estimó la petición del ciudadano de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada.

Estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales; en este sentido, las ocho sentencias judiciales adoptadas en 2020 en recursos interpuestos frente a reclamaciones de la Comisión de Transparencia han confirmado la postura adoptada por esta. Por otra parte, un año más es destacable que hasta en 62 ocasiones (36 en relación con la Administración autonómica), una vez que la Comisión de Transparencia inicia su intervención ante lapresentación de una reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad pública correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta.

En lo que llevamos de año 2021 las reclamaciones presentadas ascienden a 308, por lo que se estima que este año se supere notablemente la cifra del año anterior.