El Ministerio de Política Territorial alcanzó el pasado mes de julio soluciones pactadas con ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León sobre normas sobre las que existían discrepancias por el ámbito competencial constitucionalmente reconocido. En concreto, la resolución alcanzada con la Junta afecta a las condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía.

De este modo, ambas partes interpretan que, en relación con las ayudas sobre renta garantizada de ciudadanía, tienen naturaleza de prestaciones de carácter social hasta el importe que correspondería a las personas beneficiarias por esta renta, sin que en ningún caso constituyan un complemento específico de prestaciones contributivas.

Los acuerdos se han alcanzado en el marco de las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Este procedimiento de negociación, recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), constituye un instrumento jurídicamente habilitado para que el Gobierno pueda llevar a cabo una cogobernanza "eficaz" con las comunidades autónomas, bajo la premisa del principio de colaboración.

El Ministerio de Política Territorial precisó en un comunicado que, en su voluntad de diálogo y cooperación "permanente" con las comunidades autónomas, ha promovido procedimientos que han dado buen resultado, logrando acuerdos que resuelven el conflicto en relación con las leyes autonómicas.

En el caso de Castilla y León, el acuerdo se refiere a la Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero.