El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una serie de directrices vinculantes para garantizar la transparencia, contratación y publicidad institucional de las empresas y fundaciones públicas y, una vez analizado el conjunto de estas organizaciones en la Comunidad, sólo se plantea eliminar la Fundación Anclaje porque sus funciones pueden ser asumidas por la Junta.

Así lo ha avanzado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien ha detallado que la eliminación de esta Fundación se abordará en el próximo periodo de sesiones de las Cortes. Así, ha insistido en que este acuerdo forma parte del compromiso de Gobierno a través del que insistió en la importancia de realizar un análisis exhaustivo de estos entes en Castilla y León.

Para lograr este fin se creó en la Comunidad una comisión paritaria formada por los dos partidos que sustentan el Gobierno y que ha concluido que únicamente se puede prescendir de la Fundación Anclaje dentro de conjuto de empresas y fundaciones de la Comunidad.

Igea ha defendido que se cumpliran las conclusiones de esta comisión y ha defendido que su postura es la misma que hace dos años cuando accedió a la Vicepresidencia de la Junta y que se basa en dotar de "seguridad jurídica" e "igualdad" a todas estas instituciones, a los que, como ha reconocido él mismo llamó "chiringuitos".

"No tengo ningún problema en reconocerlo, no usamos el mismo lenguaje en campaña electoral", ha defendido, tras lo que ha insistido en que con el acuerdo aprobado este jueves se avanza en "transparencia". "Lo desastroso de estas entidades era la elusión del derecho administrativo, faltaba de transparencia y eso es lo que hoy arreglamos, estamos cumpliendo con nuestro compromiso", ha zanjado.

ENTIDADES ANALIZADAS
La Comisión Paritaria para el Análisis de las Entidades del Sector Público Autonómico de Castilla y León centró su trabajo en el análisis del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE); el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl); el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (Eren); la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl); y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

En cuanto a las empresas públicas, la Comisión analizó la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Y con respecto a las fundaciones públicas, la citada Comisión estudió la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León; la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León; la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación; la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores; la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo; la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales; la Fundación Centro de Supercomputación; la Fundación de Acción Social y Tutela; y la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos.

Una vez finalizado el análisis, la Comisión emitió unas conclusiones y recomendaciones para cada una de estas entidades, así como unas medidas de carácter transversal para la mejora de la transparencia, eficiencia y austeridad de todas las entidades del Sector Público Institucional de Castilla y León.

Así, el seguimiento del cumplimiento de las directrices marcadas por este acuerdo se efectuará por cada consejería en el ámbito de sus competencias, informándose periódicamente a la Comisión de Secretarios Generales a instancias de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

En relación con las directrices específicas sobre transparencia, este acuerdo obliga a la realización de las modificaciones normativas que sean precisas con el fin de que las entidades que integran la Administración institucional, así como las empresas y fundaciones públicas, dispongan de un portal web, accesible a todos los ciudadanos, cuyo acceso deberá facilitarse desde el Portal del Gobierno Abierto integrado en la web corporativa de la Junta de Castilla y León. La relación de directrices vinculantes incorpora implantar y regular el control de eficacia de las entidades que integran la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León, así como de las empresas y fundaciones públicas, sin perjuicio de extender el ámbito de aplicación de dicho control a las restantes entidades que conforman el Sector Público Institucional de la Comunidad.

Los entes, empresas y fundaciones afectadas deberán adoptar instrucciones sobre contratación y publicidad institucional análogas a las aprobadas para su aplicación en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León. Además, con la aplicación de estas directrices, deberán elaborarse y ponerse a disposición del público de las respectivas cartas de servicios en las que informar sobre los servicios que ofrece cada entidad, así como sobre los derechos de los usuarios en relación con ellos y los compromisos de calidad, objetivos y resultados en su prestación.

La identidad institucional es otro de los aspectos incorporados en este compendio de directrices. Así, entes, empresas y fundaciones públicas tendrán que coordinar el uso de las respectivas imágenes corporativas con la identificación de la Junta de Castilla y León en todas las acciones de comunicación audiovisuales, escritas y plásticas, y en particular, en las informaciones, publicaciones y comunicaciones o cualquier otro tipo de expresión en cualquier soporte, incluidos los audiovisuales o telemáticos, en los carteles y señalizaciones y en los documentos, modelos normalizados y material impreso.