Castilla y León recibirá 67,37 millones para inversiones en biodiversidad, agua y restauración medioambiental. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ratificó este viernes el reparto territorializado de un total de 511,25 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los fondos se asignarán con cargo al actual ejercicio presupuestario, según acordó el martes el Consejo de Ministros.

En la reunión, presidida por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, las comuniaddes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla refrendaron el esquema de reparto territorial de fondos sobre la base de los criterios debatidos en la anterior Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el 15 de junio.

Según lo aprobado hoy, los 511,2 millones de euros se distribuirán en un total de cinco convocatorias de proyectos de inversión. El más cuantioso será el destinado a actuaciones en conservación de la biodiversidad terrestre y marina, restauración de ecosistemas e infraestructura verdes y gestión forestal sostenible por un importe de 237,25 millones, de los que Castilla y León recibirá 40,75 millones, el 17,32 por ciento.

Su objetivo es contribuir a alcanzar -dentro del componente 4 del Plan de Recuperación- un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica y revertir la pérdida de biodiversidad. Además, pretende generar un impacto regenerador positivo en las áreas rurales y contribuir de manera significativa a los desafíos demográficos y de cohesión territorial en zonas en declive demográfico.

Por otra parte, el reparto incluye además subvenciones para intervenciones directas en los Parques Nacionales repartidos por los respectivos territorios con el fin de conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes, promover la conciencia y sensibilidad ambiental del conjunto de la sociedad, la investigación científica, así como el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas. La dotación de este plan asciende a 74 millones, de los que la Comunidad recibirá 5,49 millones, el 7,42 por ciento.

De igual modo, las Comunidades Autónomas se beneficiarán de otros 50 millones en subvenciones destinadas a impulsar y revitalizar las áreas de influencia socioeconómica (AIS) de los Parques Nacionales con proyectos generadores de empleo ligados a la economía verde y el emprendimiento como factor de crecimiento e impulso de la sostenibilidad en estos ámbitos.

La asignación de fondos se canalizará también a través de los gobiernos autonómicos, si bien los destinatarios finales de estos créditos podrán ser Entidades Locales, empresas, personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y otras con fuerte arraigo en el territorio. De esta forma, la Comunidad contará con 3,92 millones, el 7,84 por ciento.

En cuanto a las reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco, contarán con una partida de 50 millones para impulsar iniciativas de desarrollo sostenible, enfocadas hacia el empleo verde y asentadas firmemente en el territorio. Esto supondrá para Castilla y León 9,22 millones, el 18,46 por ciento.

Las beneficiarias de esta línea de financiación son las comunidades autónomas, aunque también podrán recibir fondos como destinatarios finales los órganos de gestión de las Reservas cuando no sea la propia comunidad, así como municipios, asociaciones, ONG, centros de investigación, pymes, autónomos y otros organismos, siempre y cuando destinen los fondos a inversiones directas. Todos los proyectos objeto de financiación deberán haberse iniciado -el compromiso de gasto– entre el uno de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

Abastecimiento

El plan para la mejora del abastecimiento de agua y la reducción de pérdidas en las redes urbanas de pequeños y medianos municipios estará dotado con 100 millones de euros para municipios menores de 20.000 habitantes. Este proyecto supondrá para Castilla y León 7,98 millones, el 7,98 por ciento del total, y beneficiará a 15.969 habitantes.

Financiará inversiones en los sistemas de abastecimiento para la mejora de la eficiencia, atajar las pérdidas de agua, así como para reparar y mejorar la captación, los depósitos e instalaciones potabilizadoras, en función de criterios como la población, la densidad de población y el porcentaje de pérdidas reales en las respectivas redes de distribución.

Fuera del reparto correspondiente a fondos del Plan de Recuperación, se han sancionado también los criterios y la distribución territorial de dos millones de euros del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. A lo largo de este 2021 se destinarán a iniciativas para revertir el estado crítico de las poblaciones de siete especies de fauna y flora: visón europeo, cerceta pardilla, alcaudón chico, urogallo cantábrico, jara de Cartagena, nacra y náyade auriculada.

La cofinanciación máxima de estos proyectos será del 80 por ciento de su presupuesto total. Las comunidades que han presentado proyectos a este capítulo y se beneficiarán del reparto consiguiente son Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Murcia.

Contaminación

Junto con la ministra Ribera y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, los consejeros autonómicos y representantes de la FEMP han dado el visto bueno al Plan Marco de Acción a corto plazo en caso de episodios de alta contaminación por partículas aéreas inferiores a diez micras (PM10), partículas inferiores a 2,5 micras (PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2).

El plan establece valores y actuaciones homogéneas para todas las administraciones, de manera que el ciudadano disponga de información sobre los niveles de alerta por contaminación y sobre qué medidas se pudieran poner en marcha en cada uno de los niveles de actuación, independientemente del ámbito geográfico en el que se encuentre.

El fin último del plan, aprobado sin votos en contra y de aplicación en todo el territorio, es evitar que se alcance el umbral de alerta establecido en la legislación, que quedará fijado en 80 microgramos por metro cúbico. También pretende reducir el número de ocasiones en que se superan los valores límite u objetivos a corto plazo (diarios, horarios u 8-horarios) para proteger la salud de la población de una mala calidad del aire. Como elemento novedoso, el plan introduce la componente predictiva.

Las administraciones que ya cuentan con protocolos previos de actuación en esta materia dispondrán de 18 meses para adaptarlos a la nueva normativa. Una vez aprobada en Conferencia sectorial, se tramitará vía Real Decreto.