El PSOE exige a la Junta que intensifique la investigación sobre la muerte de medio centenar de buitres en Monterrubio

El PSOE exige a la Junta que intensifique la investigación sobre la muerte de medio centenar de buitres en Monterrubio

Los socialistas acusan al Ejecutivo de "falta de transparencia"
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El Partido Socialista exigió este jueves a la Junta de Castilla y León que intensifique las investigaciones sobre la muerte de más de medio centenar de aves rapaces protegidas, además de dos ovejas, tras un “envenenamiento doloso” producido con un fitosanitario prohibido llamado carbofurano, según dictaron los análisis preliminares difundidos por las autoridades autonómicas, en el salmantino municipio de Monterrubio de Armuña.



Durante una comparecencia en la sede socialista de Salamanca, el coordinador de Medio Ambiente en las Cortes, José Luis Vázquez, calificó los hechos acaecidos el pasado 23 de junio como “el delito contra la biodiversidad más grave de los últimos 25 años en España”. Solo comparable, según su criterio, a la muerte de otras 52 aves necrófagas, también protegidas, que ocurrió en 2007. Un hecho que de igual modo sucedió en territorio de Castilla y León y que, según los socialistas, “a día de hoy, ni se ha resuelto ni se han instruido sanciones”.


Por esta razón, Vázquez alertó sobre la gravedad del episodio y aseguró que “no se puede quedar diluido en la opinión pública sin que se adopten las medidas que recoge la legislación vigente”. En este sentido, incidió en la “falta de transparencia” del Ejecutivo autonómico respecto a los hechos y le acusó de “falta de interés por hacer llegar a la ciudadanía lo que acontece”. “Hay un modelo basado en la ausencia de desarrollo productivo de la actividad económica en cuanto a ganadería extensiva, y en cambio, se fomenta el conflicto entre la defensa de la biodiversidad y el sector primario”, acusó.


Por otro lado, el coordinador socialista de Medio Ambiente criticó el “escaso” dispositivo movilizado para investigar el asunto. “Es fruto de la precariedad de los trabajadores, ya que hay solo 30 técnicos para todo el territorio a la hora de inspeccionar, tramitar y analizar expedientes de esta magnitud”, insistió.


Sobre el veneno detectado por los análisis realizados en la Universidad de Murcia, centro de referencia nacional en toxicología de fauna silvestre, José Luis Vázquez recordó que se trata de “uno de los venenos más peligrosos” y que su prohibición en la Unión Europea data del año 2007. Además sugirió que se tenga en cuenta a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León para realizar estos trabajos y pidió conocer la relación que une a la Junta con el centro murciano. “La de León es de las mejores de España. A menudo valoran más lo que tenemos desde fuera, que nosotros mismos”, insinuó.


Asimismo, el coordinador de Medio Ambiente afirmó que la Junta "incumple las leyes”. En concreto, el plan de acción para la erradicación de cebos envenenados en el medio rural de Castilla y León, así como “la defensa de la biodiversidad y de la salud pública y su prevención”. "Es un asunto que no puede quedar en el olvido sin que se esclarezcan los hechos. Pedimos que se colabore con la Guardia Civil hasta que se culmine con la detención del responsable de este delito”, insistió. Según sus datos, en Salamanca solo una de cada cuatro denuncias tramitadas han sido cobradas en los últimos ocho años, por lo que “quedan impunes tres de cada cuatro infracciones”.


De igual manera, denunció el “alto grado de envejecimiento” de los empleados públicos del sector, ya que de los 92 agentes medioambientales que debería haber disponibles, solo hay cubiertas 40 plazas. Es decir, existen 52 vacantes, prácticamente un 60 por ciento de la plantilla, con una edad media superior a 45 años.


Biodiversidad y ganadería


Por su parte, María Rodríguez, procuradora y portavoz de Medio Ambiente del PSOE en Las Cortes, denunció la “gran irresponsabilidad y negligencia” que supone que, según si criterio, “desde una administración se fomente el conflicto entre la defensa de la biodiversidad y la ganadería”. Para Rodríguez, “es un conflicto en el que el PP se encuentra a gusto y que fomenta con mentiras”. De hecho, lamentó que el PP y Ciudadanos rechazaran en comisión una PNL para compensar económicamente a los ganaderos por los ataques de buitres. “La manera en que puedan convivir es que las administraciones públicas se impliquen y compensen. Sin embargo, lo que nos encontramos es una actitud hipócrita y falaz por parte del PP que se pone del lado de los ganaderos, pero a la hora de la verdad no pone un duro”, afirmó.


Asimismo, reiteró las acusaciones de "falta de transparencia y comunicación" de la Junta ejemplificando con un reciente caso ocurrido en el municipio leonés de Folgoso. “La prevención es la gran olvidada del Ejecutivo. Solo se acuerdan en los grandes desastres, cuando ya no hay remedio”, añadió María Rodríguez. Finalmente, la procuradora recordó la necesidad de "creación de las unidades de fauna silvestre de Castilla y León", una propuesta que lleva sobre la mesa desde el año 2004. “Los desastres ecológicos llevan lamentables consecuencias y hay que poner los medios”, concluyó.


Análisis del agua

El alcalde de Monterrubio, David Matute, manifestó asimismo su “descontento” con la “falta de transparencia” de la Junta de Castilla y León, como parte interesada en el episodio acontecido en el municipio del que ejerce como regidor. “Entendemos que ante unos hechos tan graves y trascendentes, la Junta debería haber informado, y más cuando se trata de productos tóxicos en tierras fértiles cercanas al municipio”, denunció.


Según explicó, tras los hechos, varios equipos y patrullas de la Guardia Civil se desplazaron a la localidad pero el Consistorio no obtuvo ninguna información. Una vez estuvieron listos los resultados preliminares de los análisis toxicológicos y se supo que la sustancia era el carbofurano, el Ayuntamiento reclamó a la Junta la realización de análisis de las aguas. “Nos dijeron que era recomendable hacerlo, pero que teníamos que ser nosotros quienes lo encargáramos. Se han desentendido y han cargado la responsabilidad sobre el Ayuntamiento. Nos dijeron que era importante, pero que era cosa nuestra”, resumió.


De esta manera, el regidor municipal solicitó el análisis a una empresa y pidió a los vecinos que no consuman agua del grifo hasta tener los resultados. “Lo primero que nos ha dicho la empresa es que sería conveniente que le dijeran el producto o productos concretos que se tienen que buscar en las aguas. Pero a día de hoy no tenemos ninguna comunicación al respecto. Por eso hemos solicitado a la Junta un análisis completo de las aguas porque es quien ha estado investigando y sabe lo que hay”, concluyó.