El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León propone impulsar un pacto de Comunidad para luchar de forma eficaz contra el fraude y la evasión fiscales, y el blanqueo de capitales. Para ello hace un llamamiento para que se busquen los consensos necesarios que permitan involucrar en esta iniciativa a las instituciones, dando además participación a la sociedad civil.

“La cooperación debería ser el pilar principal del Pacto” recoge el CES en su informe ‘Situación económica y social’ de 2020, consultado por Ical. Además, pide a las autoridades que se doten de los medios financieros y humanos necesarios y que alcancen el compromiso de combatir los delitos y malas prácticas fiscales, el blanqueo de capitales y las actividades de los paraísos fiscales.

Al respecto, el CES cree que ante la situación derivada de la pandemia de COVID-19 es “imprescindible” que se convierta en una prioridad política y ética de los poderes públicos y de la sociedad civil. “Cuando se necesitan tantos recursos financieros públicos para enfrentarse a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia no es aceptable que se desvíen recursos ilícitamente hacia el lucro privado, perjudicando directamente a la gran mayoría de trabajadores, empresarios, autónomos, personas dependientes y pensionistas que cumplen con sus obligaciones fiscales”, añade.

De hecho, el Consejo entiende que el sector público encara “retos de gran envergadura”. “Se requiere movilizar enormes inversiones públicas y privadas para combatir la crisis sanitaria, el cambio climático o afrontar la transición digital”, indica y añade: “La inversión en un escenario de recuperación económica es crucial, es necesario un importante impulso para la recuperación canalizado en una gran parte a través de inversión pública, que lleva muchos años en mínimos históricos”.

Por ello, ve “más necesario que nunca” romper con el marcado “carácter procíclico” de la inversión pública en la Comunidad, es decir, “no solo recuperar un ritmo suficiente, sino impulsarla de modo que actúe además como palanca para movilizar una inversión privada retraída por la incertidumbre”. Además, recuerda que existe un marco comunitario de política fiscal y monetaria “sin precedentes y muy favorable” para impulsar la acción pública.

Estrecho margen fiscal

El CES entiende que financiar este impulso inversor resulta “complicado” dado el “estrecho margen fiscal” de la economía de la Comunidad. Sin embargo, cree que la suspensión temporal del marco de reglas fiscales y los fondos e instrumentos financieros comunitarios ofrecen una oportunidad. Además, aboga por elegir los proyectos en base a criterios económicos a partir del análisis coste-beneficio, de eficiencia, orientado al logro de resultados. También, recuerda que la colaboración público-privada puede ayudar a recuperar un ritmo inversor “adecuado”.

No obstante, el Consejo sostiene que el “factor clave” es una reforma del modelo de financiación autonómica, que supere a su juicio el “falso paradigma de beneficiados y perjudicados”, que parte de la idea de que las comunidades son “entes independientes”, pese a que defiende que dependen todas del resto en un mercado interior. Por ello, apuesta por un sistema que permita garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos, teniendo en cuenta el déficit en la financiación del gasto sanitario y en materia de dependencia y la dinámica de crecimiento de ese gasto, que defina un catálogo de servicios común y que tenga en cuenta, con un peso suficiente, las variables de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población

Cohesión y vertebración territorial

En opinión del CES, la inversión pública debe ir orientada a sentar las bases de una recuperación que refuerce la cohesión social, la vertebración territorial, la competitividad y aumente el potencial de crecimiento económico a largo plazo. Además, pide articular en este escenario un nuevo “contrato social” que exigirá “importantes” inversiones públicas y privadas.

Sobre ello, recuerda que las “carencias” de mantenimiento en equipamientos e infraestructuras están conduciendo a su descapitalización e indica que las mejoras deben ir también acompañadas de una mayor inversión en capital humano, priorizando la inversión en servicios educativos, sociales y sanitarios. Además, recomienda priorizar ámbitos como la formación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico adquiere especial relevancia, sobre todo en un contexto de avance digital y de necesaria eficiencia en la gestión.

Igualmente reclama un “aumento sostenido” en el tiempo de la inversión en I+D+i y que se dote de estabilidad a las políticas en este terreno, tanto en el ámbito público, garantizando la continuidad en la financiación de los proyectos y la estabilidad laboral de las personas investigadoras, como en el privado donde, en particular, cree que se deberían adoptar medidas para lograr un mayor aprovechamiento por parte de las empresas de los fondos europeos.

El CES sostiene que la crisis originada por la pandemia ha sacado a la luz una serie de “estrangulamientos o deficiencias” en algunos ámbitos relacionados con la gestión y la inversión pública, como la ausencia de una coordinación sociosanitaria y entre administraciones, hasta la “insuficiente” dotación de equipamientos, y prácticamente “inexistentes nuevas inversiones” en infraestructuras de comunicación, medioambientales y de telecomunicación.

Finalmente, el CES valora que se haya encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio de revisión del gasto en las políticas activas de empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación y promoción industrial.