El bono rural de transporte gratuito llega a 19 localidades de la zona de Carbonero el Mayor

El bono rural de transporte gratuito llega a 19 localidades de la zona de Carbonero el Mayor

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El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Luis Sanz Merino, acompañado por el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías, han visitado hoy Carbonero el Mayor para presentar el bono rural de transporte gratuito en la zona, un modelo de transporte que reconoce la ruralidad del territorio como una singularidad de movilidad propia de Castilla y León. 


En la zona de Carbonero el Mayor este servicio realiza cinco rutas que cubren a 19 municipios y desde su creación ha atendido a 28.795 usuarios. El transporte gratuito se implantará en las localidades de Aguilafuente, Aldea Real, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Escalona del Prado, Escarabajosa de Cabezas, Escobar de Polendos, Fuentepelayo, Lastras de Cuéllar, Mozoncillo, Parral de Villovela, Peñarrubias de Pirón, Pinarnegrillo, Pinillos de Polendos, San Pedro de Gaíllos, Tabanera La Luenga, Villovela de Pirón, Yanguas de Eresma y Zarzuela del Pinar. El servicio ofrecerá cobertura a los 8.641 habitantes de estos municipios.


La inversión estimada de la puesta en marcha de este sistema es de 600.000 euros anuales hasta 2022 con las 123 zonas completadas en toda la Comunidad. A esta inversión es preciso añadir los 434.583,59 euros anuales aportados por la Administración Autonómica para sufragar el déficit de explotación de transporte a la demanda en la provincia de Segovia. Sin esta financiación de la Junta de Castilla y León, el coste del servicio que tendrían que soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 12 euros el billete (ida y vuelta).


La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha iniciado un nuevo servicio de reserva de viajes vía web que convivirá con el número gratuito 900 204 020, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el móvil, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Al servicio de reserva de transporte a la demanda se accede a través de la página https://carreterasytransportes.jcyl.es. Esta iniciativa supone también un avance en la modernización en Castilla y León, puesto que conlleva la extensión y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural.


Además, se da entrada a las nuevas tecnologías de una forma sencilla para su utilización tanto por jóvenes como mayores. Al acceder al autobús el viajero acercará al smartphone del conductor el bono (tarjeta física con un coste único de custodia de 5€)  o lo podrá hacer a través de una App previamente descargada en su teléfono que genera un código de barras con el que se accede al transporte.


La provincia de Segovia cuenta con 10 zonas de transporte a la demanda, estructuradas en 123 rutas, que proporcionan servicio de transporte a la demanda a 337 localidades. La población conectada de estas localidades, incluyendo la capital de provincia, asciende a  138.938 habitantes y, sin incluir la capital de provincia, a 89.659.


Asimismo, la provincia cuenta con 57 rutas de prestación conjunta de las que se benefician 204 localidades de la provincia. Desde el inicio del transporte a la demanda e integrado en 2005 han utilizado estos servicios 229.250 viajeros, 6.111 de ellos en el año 2020 (sin incluir escolares).


Transporte a la demanda e integrado

En Castilla y León se produce una prestación conjunta del servicio de transportes que comprende el transporte a la demanda y el transporte integrado.


El transporte a la demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario, optimizando los recursos tanto de la Administración como de los operadores de transporte -como dato al respecto, con el Transporte a la Demanda en Castilla y León los autobuses de la concesión han ahorrado 2,5 millones de litros de combustible y 7,3 millones de  kilómetros de viajes (el 75 % menos que un servicio regular, convencional o presencial). Se han dejado de emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de CO2, ya que si no hay reservas el servicio no se presta y en el caso de que se preste sólo se haría en las localidades en las que hay reserva, sin obligación de entrar en el resto de las localidades de la ruta.


El transporte integrado se trata de un transporte público regular para prestar simultáneamente servicios de uso general (dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado) y de usos más restringidos (grupos específicos de usuarios – en este caso escolares-) compartiendo un mismo vehículo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración. Se basa en reservar por parte de la Administración Educativa determinadas plazas en el transporte público regular de uso general para ser utilizadas exclusivamente por escolares y acompañante/s. El resto de las plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de transporte público regular de viajeros de uso general.


Bono transporte rural en Castilla y León

Desde marzo se viene implantando de forma progresiva este servicio en toda la Comunidad dando servicio a 1.222.461 castellanoleoneses. En el año 2020, 5.022 localidades fueron atendidas, con 123 zonas operativas y 1.945 rutas en servicio. Esto supone 1,2 m/ habitantes conectados (sin capital de provincia) y la cobertura de 4 millones de usuarios desde su creación. El curso pasado, este transporte gratuito trasladó a  166.805 usuarios, un descenso de un 35 % en el número de usuarios durante el año 2020, respecto del año 2019, por la COVID-19.


Este modelo de transporte sostenible y rural ha sido ejemplo no solo en España sino en otros países del entorno con problemas de movilidad similares a los de Castilla y León. Un servicio público esencial de segunda generación en el que el transporte se muestra como garante del acceso de la población a los servicios básicos. La movilidad se convierte así en un servicio público que asegura el acceso de la ciudadanía a los servicios esenciales: servicios sanitarios, sociales, administrativos y adquisición de productos esenciales en el medio rural.