El Pleno municipal, que comenzó con dos minutos de silencio por las siete mujeres fallecidas este mes en España víctimas de violencia de género, ha aprobado la modificación de la ordenanza de la ORA como consecuencia del calmado de tráfico de la zona centro, que afecta a 141 plazas que se trasladarán al entorno de la Plaza de Toros. Un cambio que ha desatado la polémica en el debate plenario de este mes de junio y que ha provocado la reacción de todos los grupos de la oposición en contra de la decisión del equipo de gobierno de IU.

Por un lado, tanto el concejal de Urbanismo, Romualdo Fernández como el propio alcalde, Francisco Guarido se apoyaban en el informe elaborado al efecto por la Policía Municipal sobre la viabilidad de este cambio, justificando este desplazamiento por el hecho de que es una zona donde se asientan numerosas dotaciones no residenciales y edificios de servicios públicos, como la propia plaza de Toros, la Escuela de Arte, el cuartel de la Guardia Civil, el edificio de oficinas municipales, la antigua estación de autobuses o el centro de salud Santa Elena; y existe por lo tanto una menor dotación residencial que en otras zonas próximas a la actual zona de ORA. 

Mientras que toda la oposición en bloque criticaba la falta de dialogo por parte de Izquierda Unida a la hora de elaborar este cambio en la zona azul, y de utilizar "el rodillo", para aprobar la modificación de la ordenanza, apoyados en la mayoría absoluta del Pleno. Algo que ha afeado especialmente en concejal del Partido Popular, Víctor López de la Parte, recordando unas palabras del propio Guarido en 2015, donde el alcalde criticaba esta práctica política en su primera toma de posesión. Por su parte, la portavoz de los populares, Mayte Martín Pozo critiaba la falta de rigor del concejal de Urbanismo a la hora de apoyarse en los informes para este cambio en la ORA de Zamora, mientras presentaba varias enmiendas para que los residentes de calles aledañas a la nueva zona azul también puedan conseguir el distintivo de residente, que los trabajadores de los negocios también puedan conseguir dicho distintivo sin ser dueños de los mismos y, finalmente, la supresión de toda la Zona 10, que comprendería la ronda de La Feria, avenida Plaza de Toros, calle Condes de Alba y Aliste, calle Amargura, calle de la Guardia Civil y calle Santa Elena. 

Por otro lado, el concejal socialista, David Gago criticaba al equipo de gobierno que no hubiera contado con ninguna de las asociaciones de vecinos o de los propios comerciantes de las zonas afectadas; además de los propios concejales del Ayuntamiento. Y es que el concejal del PSOE mantenía que tanto asociaciones de vecinos como comerciantes estaban en desacuerdo con la nueva zona azul de la capital, en plena arterial comercial de Zamora y donde también se ubica el centro de salud de Santa Elena. 

Y del lado del equipo de Gobierno, el teniente del alcalde, Miguel Ángel Viñas, acusaba a la oposición de tratar de “generar una opinión distorsionada” respecto a la modificación de la ORA. Además de responder a la iniciativa de la oposición de consultar públicamente a la sociedad zamorana sobre este cambio de las zonas azules, asegurando que “ahora se le va a explicar” a través del acuerdo aprobado, con el que contarán con un mes para hacer alegaciones. 

Una modificación de la zona azul "necesaria", en palabras de Guarido, por el acuerdo con la empresa concesionaria para compensar las plazas de la ORA, que se suprimen en el proyecto de calmado de tráfico en la zona centro, y que incluye las calles de Cortinas de San Miguel, Magistral Romero, San Miguel, la Brasa, Traviesa, Luis Ulloa Pereira; a las que se suma las actuaciones puntuales de ensanchamiento de las aceras en la calle de Condes de Alba y Aliste, que ya se ha acometido, y los proyectos previstos en las calles de Pablo Morillo y Fray Toribio de Motolinía para mejorar la seguridad de acceso a los colegios públicos; lo que supone en total la suspensión de 141 plazas de estacionamiento en zona ORA, junto con otras 11 plazas de carga y descarga y ocho reservadas para personas con movilidad reducida.

El Pleno de este mes de junio aprobaba también una modificación de créditos por valor cercano a dos millones de euros destinados a diversos proyectos entre los que destacan 650.000 euros para la reordenación del tráfico en la calle Villalpando, en el tramo que transcurre entre la cuesta del Bolón y la travesía de Cardenal Cisneros, y que prevé la adopción de una serie de medidas como reducción de carriles, ampliación de aceras, creación de una zona de aparcamiento disuasorio que estaría situada entre las naves industriales y la línea del ferrocarril, limitación de velocidad y un acceso separado para la zona comercial; 500.000 euros para la renovación de numerosos parques infantiles en toda la ciudad; o los 385.000 euros para el futuro Museo Pedagógico, que se ubicará en los antiguos laboratorios municipales situados junto al parque del Castillo y para el que existe un convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca para la transferencia y uso de todos los elementos del museo, que actualmente están depositados en la Escuela de Magisterio de Zamora.

Otra ordenanza que se ha modificado el Pleno ha sido la de vados y que presenta como principal novedad la desaparición del vado nocturno, que deberá pasar a vado permanente; con lo cual las licencias quedan reducidas a vado permanente y vado laboral. Las personas que en este momento tienen concedida la licencia de vado nocturno podrán adaptar su situación a la nueva normativa, sustituyendo la placa de vado nocturno por la de vado permanente, previa solicitud al efecto y las licencias de vado nocturno pendientes de concesión en este momento se tramitarán como vado permanente. Y a los seis meses de la entrada en vigor de la nueva Ordenanza el Ayuntamiento procederá de oficio, previa inspección de la Policía  Municipal, a la tramitación del otorgamiento de la licencia de vado correspondiente a todos aquellos garajes y locales que carezcan de la oportuna placa, dada la obligatoriedad de esta señalización.

Además, el Pleno aprobó también la actualización del Inventario Municipal, que asciende a una valoración global de los bienes municipales de 256.992.306 euros; de los cuales la mayor cuantía corresponde a los inmuebles de carácter urbano (Edificios Municipales), con una valoración global de 176.571.074 euros, que incluyen los edificios adquiridos para la liberación de la muralla, valorados en 1.600.000 euros; seguido de las Vías Urbanas, valoradas en 55.900.396 euros; y los Bienes Muebles, cuantificados en 11.788.766 euros.

Por último, el Pleno delegó en el alcalde la adopción de las decisiones en los actos de trámite, que como órgano de contratación le corresponden al Pleno en la tramitación de la licitación y la formalización del contrato de mantenimiento de parques y jardines, mobiliario urbano y áreas de juegos infantiles, y en el de recogida y transporte de residuos sólidos y limpieza urbana. En relación con estos dos contratos, también se aprobaron las modificaciones de la composición de las Mesas de Contratación.

El contrato de Parques y Jardines, que contiene una serie de mejoras como el ofrecimiento de cuarenta hectáreas más de desbroces de fincas y parcelas municipales, se encuentra ya adjudicado de manera provisional a la empresa Ingeniería y Gestión Medioambiental S.L., por un importe de 1.486.169,28 euros por un periodo inicial de tres años, prorrogables por dos anualidades más. En cuanto al contrato de recogida de basuras y limpieza viaria la semana pasada se reunió la Mesa de Contratación para la apertura del denominado 'sobre C' con la oferta económica de las cinco empresas que se presentan al contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Unas propuestas económicas que van desde los 6.057.000 euros  la oferta más barata, a los 6.666.000 euros la más cara, sobre un tipo de licitación de ocho millones de euros, lo que supone una baja de entre el 17 y el 24 por ciento.

Por último, el Pleno aprobó la moción para la adhesión del Ayuntamiento de Zamora a la campaña internacional 'Europe must act' y 'Cities must act' al objeto de reivindicar los derechos humanos ante la insostenible situación, agravada por la pandemia de la COVID-19, en la que se encuentran miles de personas desplazadas solicitantes de asilo: niñas, niños, familias durmiendo en la calle, sin agua, sin unas condiciones mínimas de higiene, tras los incendios que devastaron los campos de las islas griegas Lesbos y Samos.