La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado hoy la composición, organización y reglas de funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de la COVID-19, que mantendrá el criterio de las tres Comisiones de Investigación constituidas con anterioridad.

Así, la composición de esta nueva Comisión de Investigación, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, Podemos-Equo, Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y la procuradora no adscrita, contará con dos representantes de los grupos parlamentarios con más de diez procuradores (Socialista, Popular y Ciudadanos) y uno del resto de grupos (Grupo Mixto).

En cuanto al voto, de igual forma que las Comisiones de Investigación previamente constituidas, será ponderado, es decir, el voto del procurador o de los procuradores pertenecientes a un grupo parlamentario cuenta como el número de miembros de ese grupo en la Cámara. El voto es personal e indelegable, según el artículo 83.2 del Reglamento. Los grupos parlamentarios deberán ahora comunicar a la Mesa de las Cortes qué miembros formarán parte de esa comisión.

Por otro lado, tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de la propuesta de los grupos Popular y Ciudadanos de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias de Castilla y León, modelo de cogobernanza surgido de la declaración del estado de alarma, coordinación administrativa en la lucha contra el COVID, y su integración en la ya constituida para la investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de la COVID-19, se abre ahora un periodo de 15 días hábiles para presentar oposición a su constitución, por lo que el plazo para fijar posturas al respecto finalizaría el próximo 15 de septiembre. Posteriormente, la Mesa de las Cortes decidirá la fusión o no de ambas propuestas.