El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 51 situadas en Castilla y León. Entre sus principales conclusiones, destacan:

Durante 2020 la calidad del aire ha mejorado sustancialmente en Castilla y León y España, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂) y ozono, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM₁₀ y PM_2,5), en sus mínimos de la última década y seguramente también desde que existen mediciones, en 1990. El resultado ha sido una menor población y territorio afectados por la contaminación.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2020 a 2,1 millones de personas en Castilla y León, el 90 % de su población, así como a 75.000 kilómetros cuadrados, el 80 % del territorio.

 Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 274.000 personas en la Montaña Sur y el Valle del Tiétar y Alberche, que agrupan parte de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia. Y en una estación de la zona Sur y Este de la Comunidad se incumplió el valor objetivo legal para la protección de la vegetación.

Las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros meses del año han activado los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. La primavera en cambio ha resultado inestable y húmeda, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO₂ y partículas). El intenso calor estival no se ha traducido en un aumento de las concentraciones de ozono.

El factor esencial para explicar la mejoría de la calidad del aire durante 2020 es la reducción general de la movilidad y la actividad económica derivada de los dos estados de alarma declarados para combatir la COVID-19, con la dramática situación sanitaria y social que todavía vivimos. El cierre de las centrales térmicas de carbón también parece haber contribuido a la drástica disminución de las emisiones en Castilla y León.

El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor extensión y afección a la población. No obstante, la frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha sido en Castilla y León muy inferior a la de años precedentes, con un descenso de respectivamente el 65 % y el 41 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, y la desaparición de las superaciones del umbral de información.

La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año causa un millar de muertes en Castilla y León, según el Instituto de Salud Carlos III. 

 Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla y León sigue sin elaborarlos, en todas las zonas donde resultan preceptivos, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de octubre de 2018, confirmada por el Tribunal Supremo en junio de 2020. Se trata de una "grave negligencia" que está poniendo en peligro la salud de los castellanos y leoneses.

 Ecologistas en Acción ha solicitado la ejecución de la sentencia citada y ha impugnado asimismo por inoperante la Estrategia para la mejora de la calidad del aire aprobada por la Junta de Castilla y León para aparentar ante el Tribunal y la sociedad que hace algo.

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el tránsito peatonal, la bicicleta y el transporte público limpio. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel y declarar una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.

La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las únicas herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. La dramática situación creada por la pandemia corrobora que la reducción de las emisiones urbanas mejora la salud pública y la vida ciudadana. Ecologistas en Acción está desarrollando en España la campaña europea 'Clean cities' para reclamar a las administraciones medidas en este sentido.