En la primera jornada del juicio iniciado en el Juzgado de lo Penal 1, los dos encausados, que han compartido banquillo con el arquitecto municipal, José Luis Pérez, han declarado únicamente a preguntas de la fiscal y de sus letrados--se han negado a responder al letrado de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento iscariense--para reconocer que las obras iniciadas en 2006 ya presentaron importantes dificultades, fundamentalmente en la cimentación o zapatas, y que fue preciso realizar numerosos modificados de obra que no contaron con expediente alguno.

El único expediente es el relativo en 2007 a la reforma de las barreras y contrabarreras, debido a su mal estado, que no estaban incluidas en el proyecto y que se tradujeron en un sobrecoste de 400.000 euros, si bien a partir de entonces no se encuentra otro hasta que en 2009, prácticamente con las obras ya concluidas, se elabora uno de precios contradictorios para ajustar cantidades, y ello a pesar de que se habían ejecutado otros trabajos que hubieran exigido de modificado que superaron los 2 millones de euros.

Y es que, según han declarado ambos investigados, hasta 2009 no contaron con informes del secretario y del interventor municipales que advertían de que la tramitación de las obras pudiera ser irregular pues hasta entonces el arquitecto municipal y director de obra, el también acusado José Luis Pérez, aseguraba que todo estaba correcto y justificado, y ello a pesar de que aquellos modificados cuyo importe excedían un 20% tenían que haber salido a concurso en lugar de ser acometidos por la misma empresa adjudicataria del proyecto.

Tanto el exregidor como el exresponsable de Urbanismo han coincidido al señalar que su gran preocupación era la seguridad de las instalaciones y de los animales, así como que para 2009 ya casi habían finalizado las obras y era preciso pagar para evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.

De entre los distintos testigos que ha pasado por la sala durante la primera jornada destaca también el actual alcalde del PP, José Andrés Sanz, quien fuera concejal de Deportes y Cultura en el periodo investigado, quien ha apuntado que todas las decisiones sobre el proyecto las daban el entonces primer edil y el concejal de Urbanismo, ya que eran los que estaban al corriente de todo, y que actuó en todo momento confiado en su buen hacer puesto que no tuvieron acceso a informe alguno.

Por su parte, dos ediles del PSOE en aquella época han asegurado que no recibieron información del proyecto en ningún momento, de ahí que en 2009 abandonaran una sesión de pleno en señal de protesta, y que no fue hasta 2015, al entrar en el gobierno en colación con Candidatura Independiente, cuando encargaron una auditoría externa a NuVE Consulting sobre las cuentas entre 2002 y 2015 que concluyó que se habían producido numerosas irregularidades que pusieron más tarde en manos de la Fiscalía de Valladolid.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita diez años de inhabilitación para el exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, y el que fuera edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, los dos primeros como autores de un delito de prevaricación cometida durante la construcción del Centro Multiusos y el tercero como cooperador necesario.

Por ello, la acusación pública solicita a los dos primeros investigados inhabilitación por una década para desempeño de empleo o cargo público relacionado con la administración local y al técnico municipal idéntica pena pero para empleo o cargo relacionado con la vivienda, obras y urbanismo.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad considera autores del delito de prevaricación no sólo al exalcalde y el exedil sino también al arquitecto municipal y les pide también diez años de inhabilitación.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular interesa también que los investigados, como responsables directos, indemnicen al Ayuntamiento con la cantidad de 2.056.650 euros, más los intereses legales correspondientes.

Las investigaciones se remontan a la decisión del Ayuntamiento iscariense de construir un Centro Multiusos, cuya redacción fue elaborada por la sociedad Pejarbo, S.L., en enero de 2006, cuantificando la obra en 2.500.000 euros, IVA incluido, y cuya dirección correspondió al también investigado y arquitecto municipal

El pleno del Ayuntamiento de Íscar aprobó en sesión extraordinaria, el día 22 de marzo de 2006, adjudicar la ejecución de las obras a Construcciones Mego, S.A., por el precio ofertado de 2.322.250 euros, IVA incluido, siendo inferior al presupuesto de licitación, que era de 2.500.000 euros, IVA incluido, si bien las obras se dispararon finalmente a 5.150.000 euros, de los cuales casi 2,5 millones corresponden a modificados del proyecto inicial carentes de cobertura legal.

Y es que de lo investigado, las acusaciones entienden que salvo una modificación del contrato primitivo aprobada el 27 de junio de 2007, relativa a la barrera y contrabarrera del centro, presupuestada en 404.930 euros, formalizado con arreglo a la ley, desde ese momento y hasta el final del proyecto se produjeron una serie de irregularidades que se estiman constitutivas de infracción penal.