El Supremo anula el nombramiento de una magistrada en un juzgado de Valladolid tras un informe desfavorable de su jefe

El Supremo anula el nombramiento de una magistrada en un juzgado de Valladolid tras un informe desfavorable de su jefe

Los jueces reprochan que ni la Permanente ni el pleno tuvieran en cuenta un informe de su jefe que afirmaba que no estaba preparada para el puesto
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El Tribunal Supremo anula el nombramiento de una magistrada en un juzgado militar de Valladolid realizado hace dos años por el Consejo General del Poder Judicial, criticando los jueces que tomaran la decisión sin tener en cuenta un informe de su jefe afirmando que no estaba preparada para el puesto.

Según la información publicada por la Cadena SER, se trata de un nuevo revés del Supremo a la política de nombramientos del actual CGPJ después de que hace unas semanas tuviera que repetir dos de estas designaciones en la sala de lo militar del alto tribunal. 

 

Los jueces de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo han estudiado el caso de la capitán auditor María Paz Rodríguez, nombrada titular del juzgado togado 42 de Valladolid por el pleno del CGPJ en marzo de 2019. La votación fue muy apretada entre Rodríguez y el otro candidato y recurrente, Fernando González, para una plaza que llevaba ya dos años vacante y completada con el órgano de gobierno de los jueces ya en funciones.  


Ahora ha sido el Supremo el que ha anulado el nombramiento al detectar una deficiencia en su tramitación. Ni el pleno ni la comisión permanente, explica la sentencia, analizaron en profundidad un asunto clave: los informes personales de calificación en los que tanto la sala de gobierno del Tribunal Militar Central como su entonces jefe afirman que no tiene ni méritos ni aptitudes para el puesto. 


El Supremo reprocha que el órgano de gobierno de los jueces no pusiera en marcha "actuaciones dirigidas en especial a conocer la razón de ser de tales informes y la racionalidad de los mismos, para valorarlos acto seguido", sino que se limitara a obviarlos en su decisión final.


El resultado es que el CGPJ debe volver a poner en marcha el proceso, a pesar de estar en funciones y tenerlo prohibido por ley ya que el Supremo entiende que se trata de ejecutar una sentencia, no hacer un nombramiento sin más. Los jueces dan un plazo de dos meses al Consejo para volver a poner en marcha el proceso y realizar un nuevo nombramiento, como ya sucedió hace semanas con dos nombramientos en la sala de lo militar del Tribunal Supremo.