El Consejo Interterritorial de Salud del Gobierno de España aprobaba ayer la nueva declaración de actuaciones coordinadas para la toma de medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, que incluye la reapertura de las discotecas hasta las 3 de la madrugada solo en Nivel 1 de alerta, entre otras medidas. Pero lo hacía con la abstención de Castilla y León y el voto en contra de seis comunidades autónomas, entre ellas Madrid o Andalucía. 

Una polémica que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea no ha dejado pasar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y es que pese a su aprobación ayer, el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado en el B.O.E. este nuevo texto con las medidas restrictivas, y que cambian en parte el 'Semáforo Covid', pactado meses atrás entre las comunidades autónomas y el propio Gobierno de España. Por ello, Francisco Igea ha solicitado directamente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias que "no publique" esta declaración de acciones coordinadas. Una petición que viene con la amenaza por parte del vicepresidente de que Castilla y León recurrirá legalmente dicho texto, de hacerse finalmente público. "Desde nuestro punto de vista, es un texto muy discutible legalmente, y creemos que no es el camino", ha añadido Igea. De hecho, el vicepresidente ha explicado que, con la caída del estado de alarma, el nuevo texto del Ministerio de Sanidad "vulnera nuestras competencias (en referencia a las comunidades autónomas) y el Gobierno no puede saltarse la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud". 

Y ante la no publicación de las nuevas medidas, el vicepresidente advierte de que la Junta "no va a aplicar dicho acuerdo" y la Comunidad se regirá por la normativa actual del 'Semáforo Covid', que corresponde al Nivel 2, al que se acaba de bajar a todo el territorio de Castilla y León. La Junta muestra así su total desacuerdo con la votación realizada ayer por la tarde en el Consejo Interterritotial y en la que se abstuvo, porque, como Igea ha admitido, "son votaciones sistemáticamente políticas, en las cuales los consejeros de un partido u otro son los que trasladas las decisiones sanitarias". De hecho, Igea cree que la luz verde a esta declaración de actuaciones coordinadas responde al "fracaso político" relacionado con la elección de las segundas dosis con AstraZeneca, donde el Ministerio aconsejaba la segunda puesta de Pfizer y la mayor parte de las comunidades autónomas optaban por la marca británica. 

Y tras semanas de tira y afloja entre comunidades y Gobierno Central, Igea solicita a la ministra de Sanidad que "vuelva al consenso, al sentido común y que abandone la senda del enfrentamiento".