La delegada especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Castilla y León entre 2013 y enero de 2021, Georgina de la Lastra, aseguró hoy que no hubo “ningún retraso ni paralización” en la presentación de la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del informe del inspector Juan Tocino que apreció indicios de delito fiscal en la autorización de parques eólicos en la Comunidad.

“Queda fuera de toda duda que no hubo ningún retraso ni paralización, el inspector firma el informe el 30 de diciembre de 2014 y yo presentó la denuncia en marzo de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción”, explicó De la Lastra en la comisión de investigación abierta en las Cortes sobre la supuesta ‘trama eólica’.

Al inicio de su comparecencia, leyó el informe de sus superiores relativo a los límites ante la comisión en relación al deber de reserva de datos tributarios conocidos en sus funciones, reserva acerca de actuaciones penales y confidencialidad de los datos, que de no cumplir conlleva responsabilidades disciplinarias y penales.

Con esos límites, pese a que podía haber rehusado comparecer, atendió a las preguntas de los procuradores, que agradecieron su presencia en las Cortes, si bien no pudo precisar la fecha y momento en que conoce el informe del inspector Juan Tocino, que reveló la supuesta trama, ni si existe mala praxis de altos cargos de la Junta porque “daría datos” del citado informe.

Únicamente explicó, con carácter general, el procedimiento ordinario relativo a que cuando un inspector detecta algún indicio de delito traslada el informe al inspector jefe, que inicia una serie de trámites, como pedir datos a otras dependencias, a la unidad de delitos y a los servicios jurídicos, así hace una propuesta a la delegada o delegado especial que firma y traslada a la justicia.

Este es el caso, ya que en este momento la ‘trama eólica’ o presunto cobro de comisiones de entre 80 y 100 millones en la autorización de parques eólicos en Castilla y León se encuentra en el Juzgado de instrucción número 4 de Valladolid, a la espera de la apertura de juicio oral, motivo por el que se denegó a las Cortes, en dos ocasiones, el informe del inspector Tocino.

A preguntas de Laura Domínguez (Podemos), José Ignacio Delgado (Ciudadanos) y Patricia Gómez (PSOE) sobre el posible retraso en la presentación del informe en la Fiscalía, De la Lastra recalcó que la media en términos generales de la tramitación ordinaria está entre dos y tres meses, de manera que sostuvo que no hubo tal retraso cuando se firmó el 30 de diciembre y se presentó en marzo de 2015.

Precisamente, los portavoces incidieron en declaraciones del inspector en la comisión referente a que no hubo injerencias o sugerencias, que la exdelegada especial corroboró también en relación a que ella misma nunca las ha recibido de sus superiores con independencia del partido que estuviera en el Gobierno. "Jamás he recibido ninguna injerencia por ningún director sea de signo que haya sido", aseveró.

De la Lastra fue entre 2003-2007 secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Pilar del Olmo, por lo que recibió preguntas de Podemos y el PSOE sobre su relación con los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, principales encausados en el caso judicial.

El popular Salvador Cruz terció para manifestar que la compareciente estaba citada como delegada especial de la Agencia Tributaria y no como exalto cargo de la Junta, lo que no se aceptó por la presidenta de la comisión, la socialista Ana Sánchez, que señaló que De la Lastra sabía bien si podía o no responder en base a los límites marcados por sus superiores.

Georgina de la Lastra manifestó que conocía a Rafael Delgado al coincidir en la Comisión de Secretarios de la Junta, afirmó que no tuvo relación con empresas eólicas y añadió que si hubiera sabido o conocido algo “lo hubiera denunciado”, si bien, como salió en prensa, reconoció que firmó una orden de publicidad de un contrato adjudicado por la consejera a Collosa.

El portavoz popular en la comisión, Salvador Cruz, incidió en la filtración del informe, publicado en un medio nacional, en lo que apuntó no a la Agencia Tributaria, sino a cuando ya estaba en la Fiscalía Anticorrupción, lo que atribuyó a "contenido político" dado que en mayo de 2015 había elecciones autonómicas.

De la Lastra indicó que no tienen constancia de quién pudo realizar o cuando la filtración y añadió que, de saberlo, lo habrían denunciado, mientras que Cruz señaló el “elemento de quiebra” que las Cortes no puedan tener el informe por el secreto de sumario pero la prensa le haya publicado.

“Mi opinión o estado de ánimo no influye ni altera el ejercicio profesional de mi cargo, no puedo hacer valoraciones”, respondió a Patricia Gómez, en relación a qué pensó cuando vio en dicho informe el nombre de altos cargos de la Junta sobre la posible comisión de algún delito.

Por último, concluyó que durante su estancia como alto cargo de la Junta no oyó hablar de posibles irregularidades en la autorización de parques eólicos ni en la compra del edificio de soluciones empresariales de Arroyo, conocido como Perla Negra, sino que fue “años después”, cuando salió del cargo y llegó a ella el informe tributario.