El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por el PSOE y Toma la Palabra (VTLP), ha rechazado en el Pleno municipal celebrado este martes la moción propuesta por Vox y apoyada también por el Grupo Municipal Popular para reclamar una renegociación del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que permita retomar el soterramiento de las vías del ferrocarril.

Esta ha sido una de las cuatro mociones presentadas por los grupos de la oposición que han sido rechazadas con los votos en contra de PSOE y VTLP en el Pleno correspondiente al mes de junio, que ha sido de menor duración que anteriores sesiones, con poco más de tres horas.

En el mismo, ha tenido que participar por vía telemática la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, que tiene que hacer cuarentena por contacto estrecho con un positivo por COVID-19. Además, el edil socialista de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, se ha incorporado unos minutos tarde ya que estaba citado para la vacunación contra dicha enfermedad.

El Grupo Municipal de Vox ha traído de nuevo al Pleno el proyecto desechado del soterramiento de las vías, como ya hizo en octubre de 2019 con una propuesta en la que planteaba un túnel 'corto' de 2,5 kilómetros. Ahora, el edil del partido de derechas, Javier García Bartolomé, defiende que es viable ejecutar un soterramiento similar al que estaba inicialmente previsto, de algo más de 5 kilométros, incluida la estación Campo Grande.

García Bartolomé ha mantenido que para el actual proyecto de integración en superficie, con obras de pasos subterráneos, así como para la remodelación de la estación Campo Grande se prevén presupuestos de entre 176,5 y 207 millones de euros.

Por otro lado, ha situado como modelo la obra que se lleva a cabo en Murcia, donde se soterrará la estación y se ejecutarán túneles --mediante excavación y cubrimiento, no con tuneladora-- con una distancia total de 5,9 kilómetros, con un coste de adjudicación de 192 millones de euros.

En este sentido, el edil de Vox ha querido "desmontar las mentiras" del equipo de Gobierno que "renunció al soterramiento" en 2017, y ha aseverado que "ya no pesa la espada de Damocles" de la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que fue asumida por Adif y que se deben devolver antes de 2033. Quedan por pagar, según García Bartolomé, 342 millones de euros, que se obtendrán de la venta de terrenos que queden liberados por el traslado de los antiguos talleres, valorados en 2019 en 640 millones de euros.

"Con una simple resta", ha añadido el concejal de Vox, se contaría con 300 millones de euros para afrontar un soterramiento, que se podría negociar con las instituciones que forman parte de la SVAV, e incluso considera posible endeudarse, debido a que esta entidad "ya no tiene deuda".

A esta propuesta se ha sumado el PP, cuyo concejal Alberto Gutiérrez ha sumado, vía enmienda de adición, la propuesta de que se estudien otras opciones, ya que existen "muchas" para recuperar el proyecto.

El concejal Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, ha señalado la "falta de credibilidad" de las cifras de Vox, ya que en 2019 tasó en "294,9 millones" el proyecto de túnel 'corto', "ahora parece que con 176 lo arreglan todo". Del mismo modo ha considerado como una "comparación a bulto" la del caso de Valladolid con el de Murcia, donde se lleva a cabo "un supuesto soterramiento con falsos túneles". "Comparar con simpleza lo que es de naturaleza diferente solo puede deberse a la voluntad de crear confusión", ha apostillado.

Pablo Vicente, edil de Ciudadanos, formación que se ha abstenido en la votación apostando por un "soterramiento por fases que no hipoteque a la ciudad", ha coincidido con Saravia en que no se puede comparar el caso de Valladolid con el de Murcia.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha recordado "los muerto que tiene en el armario" el Partido Popular en materia del soterramiento, y ha citado especialmente dos "aniversarios". El primero de ellos son los "20 años" que han pasado desde que el exalcalde del PP Javier León de la Riva aseguró que el túnel estaría terminado en 2006; y el segundo el décimo de la firma de la Comfort Letter que, según Herrero, acarreó esa deuda de 400 millones.

También se han rechazado las dos mociones que planteaba el PP, una de ellas relativa a los impuestos, en la que pretendían tanto que el Ayuntamiento estudie una revisión a la baja de tributos como instar a Gobierno de España y Junta a hacer lo propio.

El portavoz socialista, también concejal de Planificación y Recursos, ha empleado un gráfico en el que se observa que la presión fiscal que soportan los vallisoletanos ha bajado entre 2011 y 2021 de un 1,88 a un 1,58 por ciento.

Sin embargo, el edil 'popular' José Antonio de Santiago-Juárez ha querido dejar claro que "PSOE y VTLP quieren subir los impuestos a los vecinos, seguir haciendo carriles bici para entrar en el Guinness y que indulten a los presos condenados por el Procés", un tema que como señaló el edil de Participación Ciudadana, Alberto Bustos, ha "tardado en salir" en el Pleno más de lo que él preveía --unas 2 horas--.

Violencia de género 

La otra moción del PP rechazada reclamaba la aprobación en un plazo de un mes del Plan contra la Violencia de Género e instar al Gobierno a recuperar el volumen de plantilla de agentes de la Policía Nacional destinados a la lucha contra esta lacra.

Con respecto a lo primero, la concejal socialista Victoria Soto, ha señalado con "perplejidad" que el Plan "ya se había aprobado" --en Junta de Gobierno-- antes de que se presentara la moción y que se ha remitido al Consejo de la Mujer, si bien la edil del PP, Marta López de la Cuesta, ha considerado que después "de tanto tiempo de retraso" debería estar ya aprobado definitivamente.

En cuanto a la plantilla policial, Soto se ha apoyado en unas declaraciones realizadas por el ministro Marlaska en su visita a Valladolid hace unas semanas, en las que negaba unos datos recogidos por la prensa sobre dicha reducción, pero la edil del PP ha recalcado que, en respuesta parlamentaria hace casi tres meses, el ministro socialista reconoció que la cifra de agentes actual es de 17, frente a los 32 de 2011, si bien ha reconocido que ya se han recuperado seis agentes pues llegó a bajar a once.

La cuarta moción que ha decaído ha sido la de Ciudadanos, que pretendía agilizar la cesión de una parcela de la calle Nitrógeno para que se instale en ella un centro de tratamiento de residuos industriales. Los concejales del equipo de Gobierno Sánchez y Palomino han defendido que "todos los trámites" que tenía que llevar a cabo el Ayuntamiento se han dado y, de hecho, han apuntado que la parcela se incluyó en el lote de terrenos municipales que se ofrecían para cesión para proyectos dotacionales o de interés público, pero no se han recibido ofertas por él.

Además, esgrimen que el tratamiento de residuos industriales debe ejercerse vía empresa privada que cuente con autorización de la Junta de Castilla y León, motivo por el cual han mencionado, sin concretar, una supuesta responsabilidad de la Administración regional.

Finalmente, aunque no se ha llegado a un consenso, el alcalde, Óscar Puente, ha apuntado la intención de buscar un acuerdo con los Grupos municipales para agilizar una "negociación" con la Junta.

Más allá de las mociones, se ha aprobado la propuesta de desafectación de una parcela situada junto al antiguo colegio Felipe II, en Cuatro de Marzo, para dedicarla a una futura zona de aparcamiento en superficie.

En el apartado de preguntas, la edil socialista Charo Chávez ha incidido en que se trabaja "lo más rápido posible" para resolver las ayudas a autónomos. Por el momento, se han otorgado 2.782 de un total de 6.576 admitidas a trámite.