Después de más de 1 año desde que empezase la crisis por la pandemia, Simecal Educación manifiesta que  no encuentran "razones para seguir con los procesos de oposición sin poner en riesgo a miles de personas en todas las capitales de provincia de Castilla y León además de obviar las últimas sentencias europeas en relación al fraude de la contratación en la Administración Pública".

Aunque afortunadamente hay una mejoría en los índices de transmisión y ocupación de camas de hospital hay que recordar que "a menos de un mes de la celebración de las pruebas el nivel implementado de alerta es 3, y por tanto las limitaciones para actos masivos son de un tercio de aforo hasta 150 personas máximo En estas oposiciones se esperan miles de personas, que cuando ocupen las aulas de los diferentes centros superarán con creces estas limitaciones incumpliendo la normativa y por tanto generando una incertidumbre acerca de la seguridad jurídica y sanitaria de los procesos", aseguran. 

Simecal indica que "las extraordinarias y dificilísimas condiciones con las que gran parte de los opositores llevan lidiando desde que empezó la crisis, y que en muchos casos está afectando de manera dramática, tanto a nivel físico como psíquico, a los trabajadores interinos que continúan desarrollando su labor docente a pesar de la crisis sanitaria". 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia Europeo lleva más de un año sentenciando y aclarando cuestiones prejudiciales en referencia a la contratación y permanencia en fraude de Ley de trabajadores interinos por parte de las administraciones públicas contraviniendo la directiva 1999/70/CE, por la que se ponía límite a ésta práctica. "En la sentencia se dictaba que había que sancionar a la administración, pero sin provocar perjuicio al trabajador dejando claro que la continuidad del mismo tenía que prevalecer frente a otras medidas y que por tanto la convocatoria de OPE’s no es un procedimiento que sancione a la administración, sino todo lo contrario, es el trabajador el que sufre el desprecio de la administración", defienden.

  Por tanto, es una "necesidad indiscutible desde el punto de vista social y humana regularizar primero la situación ilegal de muchos trabajadores temporales de la administración", para lo cual Simecal exige un listado, primero de aquellos trabajadores en abuso de temporalidad, y segundo, un detalle de todos los puestos ocupados estructuralmente en los últimos cuatro años De esta forma, piden que "se paralice y aplace la convocatoria actual de plazas en la Administración Pública, incluidas las de educación, hasta que se esclarezcan que trabajadores han sido perjudicados y que sanciones se van a aplicar a los responsables de la Administración".