El próximo miércoles, día 2 de junio, expirará el plazo para que los grupos parlamentarios, en este caso PP y Ciudadanos, rechacen la creación de la comisión de investigación sobre la gestión en las residencias de mayores de Castilla y León durante la pandemia del coronavirus cuya solicitud fue registrada el pasado 29 de abril por el Grupo Socialista, por la mayor parte del Mixto --faltó la firma de VOX-- y por la procuradora no adscrita María Montero.

Según consta en el reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta comisión de investigación se dará por creada si ningún grupo manifiesta su oposición expresa, para lo que tienen un plazo de quince días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la solicitud de la creación admitida previamente por la Mesa, plazo que expira las 14.00 horas del miércoles día 2.

Aunque los dos grupos que sustentan a la Junta de Castilla y León, PP y Ciudadanos, se han mostrado reiteradamente en contra de la creación de esta comisión de investigación, con reproches al PSOE de pretender "lanzar los muertos" al Gobierno autonómico, todavía no han despejado las dudas sobre su pronunciamiento concreto en el plazo marcado en el Reglamento ya que, de oponerse, el asunto tendría que ser debatido en un pleno de las Cortes donde han perdido la mayoría absoluta tras el abandono de las filas naranjas por parte de la salmantina María Montero, ahora procuradora no adscrita.

Todo apunta a que, de tener que ser sustanciada en el pleno de las Cortes, esta vez sí saldría adelante la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores de Castilla y León durante la pandemia ya que VOX, única formación que no rubrica la petición ya votó a favor en el primer intento de crear la comisión, por lo que los grupos proponentes creen que esta vez PP y Cs no se arriesgarán a perder la votación, si bien el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha asegurado que su grupo no colaborará ni activa ni pasivamente en la estrategia de los socialistas de "usar a los muertos".

En esta ocasión, las principales críticas del portavoz del Grupo Popular al PSOE han sido que pretenda servirse de "una tránsfuga" para que salga adelante la comisión de investigación sobre las residencias como "victoria menor" a la fracasada moción de censura que encabezó Luis Tudanca, para recordar que Montero votó en contra de esta comisión en el debate de diciembre.

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, se ha reafirmado en todo momento en el 'no' de la formación naranja a la creación de la comisión de investigación, al igual que en la anterior ocasión, y ha explicado que los liberales son partidarios de una "investigación COVID" para reprochar al PSOE que se "empeñe" en acotarlo sólo en las residencias y en la gestión de la Junta, olvidando, a su juicio, de forma interesada los informes previos al 13 de marzo que "obvió" Gobierno.

Se da la circunstancia de que el pasado martes el vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, de Cs, tiró de ironía en su cara a cara en el pleno con Pablo Fernández, de Podemos-Equo, para afirmar que está "deseando" que se cree la comisión de investigación para que se conozca lo que ha hecho cada uno.

En ese mismo pleno la socialista Nuria Rubio advirtió de que el PSOE no descansará ni un minuto hasta que se cree finalmente la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores en la primera ola del coronavirus para aclarar a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que "la verdad es imparable".

Según establece el Reglamento en su artículo 50, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, determinará en su caso la composición, organización y reglas de funcionamiento de la Comisión y todos los grupos parlamentarios contarán con un representante en la misma "como mínimo".

Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, por medio de la Presidencia de las Cortes, "de cualquier persona para que sea oída", y sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, si bien se deberán plasmar en un dictamen que será discutido en el Pleno de las Cortes.

Esas conclusiones aprobadas por el Pleno serán publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y comunicadas a la Junta de Castilla y León, "sin perjuicio de que la Mesa de las Cortes dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones legales oportunas".

Finalmente y según consta en el reglamento, los votos particulares rechazados se publicarán también en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León a petición del grupo parlamentario proponente.