Hacienda notifica al rey emérito la apertura de una inspección tras las regularizaciones de casi 5 millones

Hacienda notifica al rey emérito la apertura de una inspección tras las regularizaciones de casi 5 millones

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La Agencia Tributaria (AEAT) ha notificado al rey emérito Juan Carlos I la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.


Hasta el momento, el abogado que representa a Juan Carlos I en las diligencias de investigación abiertas contra él en la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado de dos regularizaciones en Hacienda por un total de 678.393,72 y 4.395.901,96 euros, respectivamente, abonadas los pasados diciembre y febrero, respectivamente.


La apertura de una inspección, adelantada este miércoles por El Español, fue apuntada hace unas semanas por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se considera un paso esperado al ser Juan Carlos I un contribuyente que ha presentado unas regularizaciones de carácter extemporáneo.


Es de lo más habitual que éstas se revisen y se hagan requerimientos posteriores para comprobar su veracidad. Si para hacer esa comprobación no basta con un mero requerimiento de aclaraciones, se puede abrir una inspección al respecto, según explican las mismas fuentes.


El pasado 2 de marzo, Montero negó que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y advirtió que estas "no terminan ningún proceso", sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es "completa y veraz".


Con ocasión de la segunda de las regularizaciones, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, indicó en una breve nota que esta declaración se realizaba "sin requerimiento previo de clase alguna". Explicaba que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de "determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas".


La fundación Zagatka ha sido objeto de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa y ha sido mencionada en sus declaraciones ante la justicia de dicho país por la ex amante del rey emérito Corinna Larsen, ya que la empresaria dijo al fiscal suizo que Juan Carlos I le había comentado que le pertenecía.



La alusión del abogado a la falta de requerimiento previo era importante, ya que el abogado de Juan Carlos Primero se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.


Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad "el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación".


Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.


El rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios.


A principios del pasado mes de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, que se une a las otras dos ya abiertas en la Fiscalía por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas.


La tercera investigación, a raíz de una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Juan Carlos I habría intentado mover.



El coste del rey emérito para el Estado es el mismo que si viviera en España


La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este miércoles en el Congreso que el rey Juan Carlos no está fugado ni huido de la justicia y ha insistido en que el coste que supone para el Estado su estancia en Emiratos Árabes, donde se trasladó el pasado mes de agosto, es el mismo que si residiera en España.


De esta forma ha respondido Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso a diversas críticas que han efectuado tanto Unidas Podemos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu o Junts, que han censurado que el rey emérito se haya 'fugado' "acorralado por los escándalos de corrupción" y han criticado que Patrimonio Nacional está haciéndose cargo de los sueldos de tres asistentes que ayudan al Rey emérito en su día a día.


La 'número dos' del Ejecutivo ha querido dejar claro que el Rey emérito no está fugado ni huido de la justicia y ha pedido en este sentido a los partidos citados a que sean "rigurosos" y "no falten a la verdad" para no confundir a la opinión pública.


HA SIDO REPROBADO POR LA SOCIEDAD, Y "CON RAZÓN"


"No está encausado ante la justicia en este momento" y, por tanto, "está en la plenitud de la presunción de inocencia, como el resto de españoles, nos guste o no otras cuestiones que han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública, con razón", ha dicho.


Además, ha señalado que su estancia en Abu Dhabi "no se financia con recursos públicos" y que sólo se sufraga con dinero público los sueldos de los tres asistentes que le ayudan, un gasto que sería el mismo en caso de que Juan Carlos I residiera en nuestro país.


Y ha insistido, una vez más, que el rey emérito cuenta en los Presupuestos Generales del Estado con esa ayuda asistencial en su condición de ex Jefe del Estado, al igual que los expresidentes del Gobierno, pero que no recibe ninguna retribución porque no tiene ninguna actividad pública.

En otro momento de su comparecencia, Calvo ha confirmado que el Gobierno fue informado de la marcha del rey emérito y que, de hecho, el propio Jefe del Estado hizo pública la carta con las razones de su padre. "No hay más", ha apostillado ante las dudas de la oposición sobre el papel jugado por Ejecutivo en la marcha de don Juan Carlos.


"ADECUAR" LA MONARQUÍA A LA EXIGENCIA ÉTICA ACTUAL

Asimismo, la vicepresidenta ha precisado a las formaciones independentistas que el Gobierno no se plantea una ley de la Corona y que en lo que está trabajando con Zarzuela es en posibles modificaciones en materia de transparencia "para adecuar la Monarquía a los niveles de exigencia éticos actuales de la sociedad española", como así lo han verbalizado tanto el Rey Felipe VI como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


"El Gobierno tiene que reflexionar sobre todo esto, y lo está haciendo, pero sin secretismo ni opacidad", ha señalado Calvo, incidiendo en que cuando este asunto esté maduro, se abrirá el debate parlamentario, como así le ha reclamado Bildu.


Unidas Podemos, ERC y Bildu también han aprovechado para afear a Calvo que el PSOE haya vetado en la Mesa del Congreso las numerosas iniciativas que Unidas Podemos y otras formaciones independentistas han venido presentando pidiendo abrir una comisión de investigación sobre las actividades y negocios del padre del Rey.


"La inviolabilidad real no puede seguir siendo una coartada para que los actos privados de un Rey no sea objeto de investigación", ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, quien sostiene que en una monarquía parlamentaria "no hay un poder que pueda pretender estar ajeno a la transparencia, viviendo en la opacidad del privilegio y situarse por encima de la ley".

Sin embargo, la 'número dos' del Gobierno se ha reafirmado en las decisiones adoptadas por los socialistas siguiendo los criterios de los letrados de la Cámara Baja sobre la base del artículo 56.3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del Rey.