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Por Ávila denuncia que varios dirigentes del PP de Castilla y León se saltaron el cierre perimetral para acudir a un acto electoral en Madrid

30 abril, 2021 12:08

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha pedido responsabilidades y que se tomen medidas por el hecho de que varios dirigentes del PP se hayan saltado el cierre perimetral establecido para la comunidad autónoma castellanoleonesa para asistir a un acto electoral en Madrid.


Pascual ha señalado que, el pasado 23 de abril, varios dirigentes del Partido Popular de Ávila, algunos acompañados, incluso, por familiares, asistieron a un acto electoral en Madrid, lo que supone no solo una vulneración de la normativa vigente sino, sobre todo, un acto de irresponsabilidad.


Entre quienes protagonizaron tal actitud, se encontraban el presidente provincial del PP, Carlos García, acompañado por, entre otros, procuradores autonómicos y parlamentarios nacionales que residen en Castilla y León.


A juicio del procurador de Por Ávila, los integrantes de la formación "popular" han incumplido la normativa vigente, que emana, en este caso, además, del Ejecutivo autonómico. Es –ha añadido- una actitud cuanto menos, temeraria y un agravio comparativo con el resto de los abulenses, especialmente cuando son muchos los que llevan meses sin poder viajar a otras comunidades autónomas para visitar a familiares.


Asimismo, Pascual ha señalado que este grave hecho es, además, una falta de respeto y consideración hacia todos los sectores económicos abulenses que se están viendo perjudicados por el cierre perimetral establecido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León.


Sin embargo, los dirigentes del PP "sí pueden irse a Madrid a ver jugar a la calva a Pablo Casado en campaña electoral y, para colmo, se enorgullecen subiéndolo a las redes sociales". Y es que el presidente del Pp acudió a la Peña de taxistas abulenses en Madrid "de la que soy socio de honor", para jugar con ellos a “la calva”.


Es por eso por lo que el procurador de Por Ávila ha pedido responsabilidades a la Junta de Castilla y León.