El dueño del 'Tribes' de Laguna se declara consumidor ocasional de 'coca' y niega que traficara en su bar

El dueño del 'Tribes' de Laguna se declara consumidor ocasional de 'coca' y niega que traficara en su bar

|

El titular del bar 'Tribes' de Laguna de Duero (Valladolid) ha negado dedicarse a la venta de sustancias en el interior de su local y tan solo ha reconocido su condición de consumidor "esporádico" de cocaína, testimonio que contrasta con los once años de prisión que de partida solicita para él la Fiscalía vallisoletana.



En su declaración, casi dos horas después de que se iniciara la vista, periodo reservado a las cuestiones previas en las que las defensas del encausado y de los otros cinco compañeros de banquillo han solicitado, sin éxito, la nulidad de todo lo actuado, el hostelero ha mantenido su inocencia y se ha desmarcado de distintas cantidades de cocaína, muy pequeñas, que la Guardia Civil intervino en distintas partes del bar, como es el caso de 0,66 gramos ocultos en el interior de una lata de Red Bull provista de un sistema de ocultación.


"Esa lata, en la que no tenía constancia de que hubiera droga, y otras de distintas marcas las utilizaba únicamente para guardar la recaudación de la caja", ha alegado, en declaraciones recogidas por Europa Press, Miguel Ángel E.M, quien ha explicado igualmente que otros tres de los acusados, sus hijos Iván y Noelia y el novio de otra de sus hijas, Ángel D.M, le ayudaban en las tareas propias del local.


Aunque en una imagen de las cámaras de seguridad del propio local intervenidas por la Guardia Civil se le ve intercambiar con una persona un objeto a cambio de 50 euros, el hostelero ha explicado que se trataba de una llave de un BMW que había conseguido para esa persona a la que habían robado en su casa distintas pertenencias, entre ellas el citado mando de apertura.


"Le conseguí la llave, con un coste de 90 euros, a través de un conocido de Parquesol. Me pagó 50 y aún estoy esperando que me pague el resto", ha declarado Miguel Ángel E.M. para justificar el carácter totalmente inocuo del intercambio y rechazar que el mismo estuviera relacionado con un 'pase' de droga, actividad que en todo momento ha negado tras recordar que a lo largo de toda la investigación la Guardia Civil no detuvo a ningún cliente con sustancias a la salida del bar o dentro del mismo.


El hostelero, que cuenta con dos sentencias condenatorias anteriores por tráfico de drogas, ha tenido explicación para los 13.500 euros que le fueron intervenidos y que, según ha expuesto, no procedían del narcotráfico sino que correspondían a la pensión de su suegra y parte de los obtenido por la venta de una cochera y un piso de esta última.


La jornada reservada al testimonio de los cinco acusados ha estado mediatizada por la extensa fase dedicada a las cuestiones previas, en las que las tres defensas han coincidido al solicitar la nulidad de todo lo actuado por entender que tanto los 'pinchazos' telefónicos como la intervención de las imágenes que la Guardia Civil obtuvo del servicio de videovigilancia del propio local fueron realizados bajo meras "sospechas anecdóticas" por su supuesta relación con el clan de los 'Monchines' pero no por "ningún hecho real delictivo".


Así, el defensor del procesado no ha dudado al referirse a los 'pinchazos' telefónicos y las grabaciones del interior del local como pruebas "prospectivas malévolas que vulneran los principios de especialidad y proporcionalidad y que han sido obtenidas vulnerando garantías constitucionales", críticas a las que otra de las defensas ha sumado el hecho de que la Guardia Civil no hubiera puesto en manos del Juzgado de Instrucción 2 ni de la propia Audiencia Provincial el contenido íntegro de lo recogido por las cámaras de seguridad del bar.


Pese a ello, el tribunal sentenciador ha rechazado las peticiones de nulidad de los defensores, con lo que el juicio proseguirá mañana y posiblemente se extienda más días en el supuesto de que finalmente sea necesario proceder a la audición y visionado del material impugnado.


El principal encausado, Miguel Ángel E.M, titular del citado bar, se expone a la pena más elevada, un total de once años de privación de libertad, por un delito contra la salud pública cometido en establecimiento abierto al público, con la agravante de reincidencia, y otro de pertenencia a grupo criminal.


El banquillo lo ocupan igualmente sus hijos Iván y Noelia, así como el novio de otra de sus hijas, Ángel D.M, y los también allegados Fulgencio P.B. y Álvaro F.D.S, para quienes la acusación pública, por idéntico delito, solicita para cada uno un total de ocho años y, al igual que en el caso del presunto cabecilla, multas de 28.362 euros.


La detención se enmarca en la operación antidroga desarrollada por el Instituto Armado y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2, el mismo que, además de los 'pinchazos telefónicos' realizados al hostelero procesado, autorizó la captación de imágenes del interior del bar y distintos registros desarrollados en el establecimiento, viviendas y locales de los investigados.


Cocaína, cristal, marihuana y hachís 


Los registros, efectuados el 15 de mayo de 2018, se saldaron con una importante cantidad de dinero aprehendida (13.790 euros) así como de pequeñas cantidades de droga, entre cocaína, cristal, hachís, cogollos de marihuana y más de dos kilos de sustancias de corte.


También se ocuparon más de una quincena de teléfonos móviles, un cuaderno azul y una tarjeta de plástico con restos de sustancia, amén de diferentes útiles para, presuntamente, la distribución de la mercancía, como dos básculas de precisión, numerosos recortes circulares de plástico y alambre de jardinería de color verde, así como cuatro libretas con anotaciones entre las que figura un integrante del clan de los Monchines como supuesto destinatario de parte de la mercancía.


Las investigaciones de la Guardia Civil, a través de las escuchas telefónicas y el visionado de las imágenes dentro del bar, llevaron a la convicción de que el local era utilizado como enclave para la distribución de sustancias.


En esa actividad, el Instituto Armado sitúa al dueño del bar, ya condenado por idénticos hechos en 2005 a cuatro años y seis meses de cárcel, como cabecilla de una actividad en la que, supuestamente, contaba con la colaboración de sus dos hijos y de los otros tres encausados.