E.F.G. / ICAL

La magistrada que preside el juicio que hoy comenzó en León por la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en octubre de 2013 decidió, a petición del fiscal y de algunos de los letrados, la suspensión provisional del mismo para recabar información sobre las pólizas de seguro que dan cobertura a varios de los acusados; gestión que no se llevó a cabo en la fase de instrucción del proceso.

Así, se seguirán los trámites y consultas necesarios para comprobar la posible existencia de varios seguros -particulares o de colegios profesionales-, sus coberturas y plazos de vigencia, dado que son cuestiones que afectarían directamente al desarrollo del juicio, ya que las compañías afectadas deberían pronunciarse al respecto y ello podría implicar la suspensión de la vista una vez avanzada, cuando ya hubieran declarado varios de los implicados y las consecuencias pudieran ser mayores.

El asunto fue planteado durante el repaso de las cuestiones previas y antes de que se produjese el comienzo de las declaraciones previstas para la sesión de este lunes, que estaba previsto iniciarse con la comparecencia de alguno de los 16 acusados, que se encuentran en una sala diferente a la que ocupan la jueza, el fiscal y los letrados y que se trasladarán a la otra cuando tengan que declarar.

La jueza se mostró inicialmente partidaria de mantener la sesión, por la complejidad que supondría la paralización dada la magnitud del caso y su programación con un elevado número de letrados y acusados, pero finalmente optó por la suspensión provisional para realizar las comprobaciones necesarias sobre los posibles beneficiarios de las pólizas. La siguiente decisión sobre la reanudación del juicio, se tomará en función del tiempo que se tarde en recibir la documentación requerida.

Algunos letrados de la acusación solicitaron documentos, pedidos y no remitidos hasta ahora, a la Hullera Vasco Leonesa, como el libro de registro general de la planta séptima -donde se produjo el siniestro-, el de la Brigada de Salvamento, las hojas de los trabajadores del 11 al 28 de octubre de 2013 (fecha del accidente), el libro de registro de vigilantes y las comunicaciones entre talleres de la explotación y el del delegado minero. El fiscal consideró procedente la solicitud de esa documentación.