La nueva Ley de Vivienda tendrá que esperar

La nueva Ley de Vivienda tendrá que esperar

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La nueva Ley de Vivienda acumula un nuevo retraso y no verá la luz tampoco en el mes de marzo, como estaba previsto, a raíz de las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre el contenido de la normativa. De hecho, la norma podría retrasarse incluso hasta un mes más, por la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que tendrán lugar el 4 mayo.




La regulación del alquiler es la cuestión nuclear que está en liza. El Ministerio de Transportes ha trasladado un sistema de incentivos a los propietarios que bajen las rentas a los inquilinos, mientras que en la formación morada advierten de que no admitirán "incumplimientos" del acuerdo de gobierno, y han diseñado un modelo de techo de precios para zonas de mercado tensionados.


Por ahora, en el seno de la coalición de Gobierno ven "inviable" que los escollos actuales se resuelvan en la reunión que mantendrán este lunes los equipos del Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, según explican fuentes conocedoras de la negociación a Europa Press.


Sobre todo porque esa cita no versará sobre las medidas para el alquiler, principal divergencia, sino que se centrará en otros aspectos de la normativa, como las opciones para hacer aflorar vivienda vacía para ofrecerla en régimen de arrendamiento.


Retrasos y clima electoral 


Los dos socios de coalición pactaron en octubre, en el marco del acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE), que la normativa debía llegar en tres meses al Consejo de Ministros y en cuatro al Congreso de los Diputados. Es decir, que en febrero la norma debía estar lista.


Sin embargo, ese cronograma no se ha cumplido y tras el parón que sufrieron las negociaciones por las elecciones catalanas del 14 de febrero, tampoco llegará al Consejo de Ministros del martes, el último de marzo, el anteproyecto de Ley, pese a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, apuntó como objetivo poder fraguar el acuerdo en marzo.


Además, desde la coalición detallan que los comicios madrileños, elecciones que alcanzan proyección estatal --sobre todo tras la decisión del líder 'morado', Pablo Iglesias, de dejar la vicepresidencia segunda para ser candidato en Madrid--, generan un clima que no facilita la aprobación de la normativa antes del 4 de mayo.


A este respecto, fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press reconocen que las campañas siempre tienden a retrasar las negociaciones porque "hipertrofian" las posiciones de cada uno. En este caso, en el que socialistas y 'morados' mantienen posturas contrarias respecto a los alquileres, una cesión en sus planteamientos para lograr un entendimiento podría perjudicarles en el plano electoral.


Hasta la fecha, Transportes ha postulado un sistema de incentivos fiscales de hasta el 90% en el IRPF a propietarios que decidan bajar voluntariamente el precio del alquiler, medida que ha rechazado Unidas Podemos por suponer un "incumplimiento" del acuerdo de coalición.


Visiones alejadas 


El ala morada del Ejecutivo ha apostado por un sistema que establece techos al alquiler sobre un índice de precios que elaborarían las comunidades autónomas, y el despliegue de un registro de contratos para velar por su cumplimiento, sistema similar al denominado modelo catalán que no ha resentido la oferta.


Sin embargo, el sector socialista del Gobierno considera que intervenir el mercado del alquiler para fijar topes en los precios puede tener como consecuencia una contracción de la oferta. Además, defienden que su propuesta de incentivos fiscales es más segura jurídicamente, y también que se adaptada más a la realidad actual, ahora que prácticamente los pisos turísticos han salido del mercado por la pandemia.

De momento las negociaciones han avanzando en otros asuntos, como lo referente a las medidas para frenar desahucios de la población vulnerable más allá del fin del estado de alarma. Es más, el sector socialista del Gobierno asegura que la mayoría de aspectos de la norma ya están pactados y cerrados con Unidas Podemos, aunque el escollo principal siguen siendo los alquileres.


Según indicaron recientemente fuentes de Unidas Podemos, en la última reunión técnica que mantuvieron los equipos negociadores, el PSOE se abrió a negociar el sistema de regulación de alquiler que plantean los morados. No obstante, fuentes socialistas insisten en defender los incentivos fiscales.


Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía. Además, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, también ha reclamado que la Sareb dedique el 75% de sus viviendas a alquiler social.


Iglesias sitúa la vivienda en el centro de su campaña 


El aún vicepresidente Iglesias se marcó como objetivo dejar la ley de vivienda encarrillada antes de dejar el Gobierno para ser candidato en Madrid, ya que este asunto es prioritario para su espacio político. No obstante, sus planes de dimitir a mediados de abril, justo antes de que empezara la campaña, se han visto alterados por la Ley Electoral madrileña, que le obliga a dejar el cargo como tarde el próximo martes, antes de que se presenten las candidaturas. Según esa norma, los miembros del Ejecutivo estatal son ineligibles a partir del momento en el que se publican las listas.


No obstante, la vivienda se ha convertido igualmente en un elemento central de la precampaña, como ya se vio en un acto monográfico que celebró Unidas Podemos el pasado domingo --el primer acto de partido de Iglesias desde que anunció su candidatura--, y la incorporación de la activista antidesahucios Alejandra Jacinto a su lista, que revela la importancia que le otorga a este campo.


Por tanto, la salida de Iglesias del Ejecutivo conllevará que Belarra, que le sustituirá como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y también la futura vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tengan la responsabilidad de la negociación en Unidas Podemos.


El hecho de que ahora Belarra pase de ser secretaria de Estado a ministra no tiene por qué implicar, según Podemos, que deba dejar la negociación, sino que los 'morados' aspiran a que ahora su interlocutor directo sea el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en lugar del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.