La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que realice un seguimiento exhaustivo a los empleados públicos que han sido vacunados contra el COVID-19 con el lote de AstraZeneca que fue retirado preventivamente por supuestas deficiencias, “para asegurar que no se produzca ningún efecto grave, como procesos trombóticos y otros que pueden producirse, según se ha comprobado”.

Además, según un comunicado del sindicato recogido por Ical, este seguimiento se debería extenderse también a todos los empleados públicos que hayan sido vacunados con esa marca y más después de que el Gobierno haya suspendido de forma temporal la aplicación de todos los viales de esa farmacéutica “por precaución”, durante 14 días.

Aunque no conoce el número exacto de viales que se han aplicado del lote más polémico, el sindicato asegura que tiene constancia de que se han inyectado a empleados públicos en Ávila, concretamente a bomberos y policías nacionales y locales; en Valladolid, a los policías locales; o a los funcionarios de prisiones de varios centros penitenciarios de la Comunidad (Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia).

A su vez, CSIF insiste en que “quedan muchas preguntas en el aire que la Junta debe aclarar y sobre las que informar con transparencia, ya que existe mucha inquietud”. Por ejemplo, si se va a aplicar la segunda dosis, también con AstraZeneca, o incluso con el lote paralizado; o si se puede realizar aplicar la segunda dosis con otra farmacéutica”.

CSIF también quiere saber si la Junta se ha planteado hacer pruebas de coagulación, reconocimientos médicos y seguimientos a los vacunados con el lote supuestamente defectuoso de AstraZeneca, para vigilar posibles efectos secundarios relacionados con la vacunación; o si van a facilitar bajas, cuando se muestren efectos leves pero persistentes.