La Sala de Gobierno del TSJCyL ha tomado conocimiento del informe sobre deficiencias de seguridad elaborado por los jueces del partido judicial de Arenas de San Pedro (Ávila) y ha instado al Ministerio de Justicia a que adopte las medidas oportunas para dotar de seguridad el edificio judicial cuya custodia tiene encomendada y proteger a las personas que en los mismos trabajan así como a los ciudadanos que allí acuden.

El TSJCyL ha recibido una comunicación del juez decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San Pedro en la que pone de manifiesto la falta de medios de seguridad adecuados en la sede de este partido judicial y al mismo tiempo solicita a las instancias correspondientes la solución del problema.

El informe del juez decano, que recoge además las consideraciones contenidas en el acta de la Junta de Jueces celebrada en febrero, señala que en los últimos meses se han producido altercados en la sala de vistas y aledaños del Juzgado, “episodios cada vez más frecuentes y violentos que revelan una situación de peligrosidad que no puede estar justificada por ninguna causa”.

Quebranto en la función jurisdiccional

Según el citado informe, “estos hechos ocasionan un grave quebranto en el ejercicio de la función jurisdiccional, con afectación de la seguridad de todo el personal de la Administración de Justicia, así como de los usuarios del servicio público, lo que parece puede agravarse por las inminentes obras a realizar en la sede judicial”.

El juez decano alerta en su escrito de que dichas obras van a determinar la existencia de dos accesos diferentes a la sede y solamente está asignado un único vigilante de seguridad para las dependencias judiciales, algo que puede provocar que una zona no quede suficientemente protegida.

Vista la situación de peligrosidad recogida en el informe elaborado por los jueces de Arenas de San Pedro, el TSJCyL se ha visto obligado una vez más a recordar que “lamentablemente la situación descrita afecta a muchas de las sedes de los partidos judiciales de las áreas rurales de Castilla y León”.

Agresiones e incidentes graves

En los últimos años, la Sala de Gobierno del alto tribunal ha estudiado distintos expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que se evidenciaba la necesidad de proteger dichos edificios, advirtiendo del peligro que suponía que Juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad.

Es el caso por ejemplo de los expedientes sobre carencias de protección e incidentes graves ocurridos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora, febrero de 2013 y de 2020); en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos, octubre de 2015 y de 2019); y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino (León, febrero de 2018).

En todos ellos, se instaba al Ministerio de Justicia, a través de su Gerencia Territorial, a que “tomase conocimiento del evidente riesgo que se le mostraba y adoptase las medidas oportunas para evitar que se produjesen hechos de trágicas consecuencias”, como lamentablemente ocurrió el pasado mes de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia).