M.L.Martínez / ICAL

La Delegación del Gobierno en Castilla y León permitirá las manifestaciones del 8M al no haber ningún informe contrario de la Consejería de Sanidad. Así lo aseguró hoy en Burgos el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, a preguntas de los periodistas durante la presentación de la Manifestación de Interés del proyecto europeo ‘Transformación de la cadena de valor de la nueva movilidad sostenible’, organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE).

En este sentido, Izquierdo señaló que en la actualidad, la Delegación tiene en cuenta los informes que recibe de la Junta de Castilla y León y aseveró que “ninguno de esos informes desaconseja la celebración de las manifestaciones”. Por tanto, explicó que “en base a este criterio no podemos prohibir ninguno”.

“Hablar de hipótesis y de futuribles carece de sentido”, dijo, al tiempo que añadió que “lo que puedo trasladar es lo que está ocurriendo en estos momentos” e insistió el delegado del Gobierno en que “la opinión de la Junta de Castilla y León en ningún caso es contraria a la celebración de las manifestaciones”.

“Lo que hace con carácter general es recordar la normativa vigente, establecer algunos condicionantes de distancia, por supuesto, el tema de mascarillas, que también nosotros recordamos porque hay una norma del Estado que así lo establece, y es lo que acompañamos a la toma de conocimiento y está convocado”, explicó Izquierdo.

Asimismo, Izquierdo indicó que “cada manifestación tiene que comunicar cuántas personas se estima que vayan a participar en ella y en base a ese número de personas, la Consejería de Sanidad hace su evaluación de riesgo y, por tanto, determina las condiciones que tiene que tener cada una de las manifestaciones”.

En este sentido, Javier Izquierdo recordó que la Delegación de Gobierno “nunca autoriza manifestaciones” sino que “únicamente y cuando se le comunica por parte de los organizadores algún tipo de manifestación, puede poner algún tipo de limitación, y en supuestos muy excepcionales, podría llegar a prohibirlas siempre y cuando haya criterios que comprueben evaluar riesgos para la seguridad ciudadana, para los bienes para las personas o en este caso para la salud pública”.

Así, relató que “habitualmente lo que la Delegación del Gobierno hace siempre es pedir informes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como policías locales, cuando estas manifestaciones se llevan a cabo en lugares donde hay Policía Local” y añadió que “en base a esos informes se elaboran los nuestros con esta toma de conocimiento, con las condiciones que se pueden derivar de esa petición del público”.

En esta línea, relató que desde el pasado mes de mayo, se añade la petición de un informe a la autoridad sanitaria (Junta de Castilla y León) para “evaluar el riesgo” que pudiera tener desde el punto de vista sanitario la celebración de estas manifestaciones. Así, Izquierdo afirmó que “solo hemos prohibido una vez unas manifestaciones como consecuencia de informes desfavorables de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

“Desde entonces no hemos vuelto a tener ningún informe desfavorable”, dijo, y apostilló que “todos los que hemos tenido para todo tipo de manifestaciones desde el mes de mayo para acá, informes que establecen algunas condiciones para el desarrollo de las manifestaciones y que nosotros trasladamos a los organizadores, tanto las limitaciones que puede haber por cuestiones de tráfico movilidad, obras que pueda ver por ejemplo una ciudad como Burgos o en este caso las condicionantes sanitarios que establezca la autoridad sanitaria”. “Si no tenemos ningún criterio de autoridad sanitaria desaconsejando la celebración de la manifestación, no podemos prohibir o modificar, ni estas del 8M ni ninguna otra”, concluyó.