La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy que es "intención" del gobierno regional "continuar con las medidas restrictivas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que nos permite ir progresivamente, y lo más prudentemente posible, relajando esas medidas". Así lo ha asegurado hoy el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Uno de estos indicadores, el que aún no ha registrado mejoría, es la ocupación de las UCIS, por encima los 300 pacientes durante una media de 21 días, "y seguirá por encima de 300 durante muchos días, e irá descendiendo muy lentamente", ha augurado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien insiste en que es "importantísimo" tener en cuenta la extrema ocupación de las unidades de críticos antes de plantear cualquier medida de desescalada, máxime teniendo en cuenta que la capacidad de las UCIS es de 231 camas sin extender, y que antes de la pandemia era de 166. "Tener más de 300 siempre es un problema, porque altera la organización de los hospitales, y va a haber víctimas no COVID por esta situación".

El anuncio de no relajar medidas se produce a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a los hosteleros y autorizado la repartura de bares y restaurantes en los municipios vascos en zona roja donde se había decretado el cierre. "Nuestro Tribunal Superior de Justicia ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre estas medidas restricivas, y siempre se ha manifestado en contra de las medidas cautelares", ha recordado.

"No es un capricho, nada más que la aplicación de la evidencia científica y de las medidas que ya hemos comprobado que han dado resultado", subraya, si bien el vicepresidente destaca que "no es incompoatible" con seguir trabajando en ayudas a los sectores más afectados. "En el platillo de la balanza lo que más pesa es la vida de los ciudadanos", ha zanjado.

Todo ello sin perjuicio de lo que decida el Tribunal Supremo con respecto al adelanto del toque de queda a decretado por la Junta de Castilla y León a las 20.00 horas, que fue recurrido por el Gobierno.

Finalmente, ha reiterado la petición de Castilla y León al Gobierno de España para que facilite medidas que otorguen seguridad jurídica a las comunidades autónomas para atajar la pandemia.