Hecha la ley, hecha la trampa. Noticiascyl destapaba este lunes la vacunación de dos capellanes de la residencia de mayores de Sotillo de la Adrada (Ávila), de 58 y 34 años, que según fuentes cercanas al centro "aparecieron de repente" para ponerse la vacuna y este mismo martes recibieron la segunda dosis, sin pertenecer a ninguno de los colectivos recogidos en la Fase 1 (ni 2) en el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Una situación justificada desde la Consejería de Sanidad porque “van diariamente a celebrar misa y asisten espiritualmente a los residentes”.  Desde el propio centro residencial, aluden a que los técnicos de Sanidad entendieron que los curas debían vacunarse, "como lo hace el personal de limpieza, de mantenimiento o fisioterapia que están en contacto con los mayores". Sin embargo, ese personal sí se contempla en el protocolo de vacunación adoptado por la Junta de Castilla y León, ya que indica expresamente que únicamente está permitido para "todas las personas que trabajan en estos centros, incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios (administrativo, limpieza, cocina, etc.)".

Según informan desde la Consejería de Familia y Servicios Sociales, de la que dependen los centros residenciales, más allá del personal fijo hay otros trabajadores externos como puede ser peluqueros, podólogos, o alguno más puntual como "un albañil que realiza una obra" en las instalaciones del centro, cuya inmunización también puede ser valorada y aprobada por los técnicos sanitarios. 

Pero entonces, la pregunta es: ¿De qué sirve el protocolo legalmente establecido desde el Ministerio, y asumido por la Junta de Castilla y León, si al final todo está sujeto a la valoración subjetiva de los técnicos?

El caso de vacunación irregular en Villavicencio ha sido uno de los más sangrantes de la Comunidad, con el alcalde, dos ediles y el cura entre las seis personas que se saltaron la vacunación sin pertenecer a grupos prioritarios y con la única justificación de ser patronos de la fundación de la residencia del municipio. También se apuntó a que directivos de alguna Gerencia de Atención Primaria de Valladolid habían recibido la vacuna sin pertenecer a los grupos prioritarios, una cuestión que rápidamente se zanjó desde la Consejería de Sanidad asegurando que, en su condición de sanitarios, éstos participaban en el desarrollo de los cribados masivos siendo de este modo profesionales de primera línea. Es más, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, confirmó el pasado jueves que se han abierto investigaciones en dos delegaciones territoriales por vacunaciones irregulares. 

Y aunque la propia Casado aseguró que no habrá segunda dosis para los vacunados irregularmente hasta que les toque en su grupo de vacunación, lo cierto es que desde la propia Consejería de Sanidad se está fomentando, con la libre interpretación del protocolo, que algunos se salten la cola, y además con "autorización sanitaria". A día de hoy, la proliferación de los casos que salen a la luz demuestra que las residencias se han convertido en un coladero, legal, para grupos de vacunación a los que aún no les toca.

En el caso ahora destapado de los capellanes de la residencia de Sotillo de la Adrada se están equiparando con el personal externo del centro para justificar su vacunación, por oficiar misas, extremaunciones, confesiones o dar la comunión, mayoritariamente en las habitaciones por el delicado estado de salud de aquellos que lo solicitan. Más desolador aún es el panorama al que se enfrentan los familiares, a los que se les permite únicamente entran a una zona acotada, un máximo una hora, con mascarillas y sin tocarse. Solo pueden entrar en la habitación con un EPI completo si el residente está en situación extremadamente grave cercana a la muerte.

Sin entrar a valorar si la función de los capellanes ante la gravedad del asunto es de vital importancia para los residentes, lo cierto es que esta 'libertad de interpretación' deja una vez más, y las que vendrán, la decisión al albur de los ‘criterios de los técnicos sanitarios’ sin estar amparada por un protocolo de vacunación muy interpretable.