El Procurador del Común de Castilla y León instó al Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) a que sancione a la empresa Berkeley Minera por iniciar las obras de desvío de la carretera comarcal SA-322 sin los permisos administrativos necesarios, tal y como informó este lunes la plataforma Stop Uranio.

La organización fue quien presentó una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León ante la “inacción” de los responsables municipales de la localidad al no iniciar los expedientes sancionadores correspondientes a la ejecución de las obras en la citada vía.

Stop Uranio recordó que los trabajos comenzaron en el verano de 2016, tras la firma de un convenio con la Diputación de Salamanca que fue recientemente rescindido la institución provincial. "Esas obras fueron ilegales a juicio del Seprona y de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, pero el Ayuntamiento de Retortillo, que estaba obligado restaurar la legalidad urbanística y sancionar a la empresa minera, cuatro años y medio después no ha sido capaz de sancionarla", valoró la organización.

Asimismo, esta plataforma recordó que "gracias a la modificación de la ley de urbanismo de Castilla y León en 2014, las acciones realizadas por Berkeley sin permiso en Retortillo no han prescrito, pues se amplió el plazo de prescripción de cuatro a ocho años”, aunque ironizó asegurando que "a este paso vamos camino de que el Ayuntamiento de Retortillo deje prescribir las infracciones”.

La resolución emitida por el Procurador del Común, fechada el pasado 5 de febrero, señala que “las obras realizadas por Berkeley deben ser sancionadas, por lo que se debe iniciar el expediente sancionador correspondiente”, y advierte al Ayuntamiento de Retortillo que “la pasividad o inactividad de la administración local ante las denuncias de infracción urbanística puede dar lugar a responsabilidad patrimonial”.

Stop Uranio recordó además que se trata de la segunda ocasión en la que el Procurador del Común de Castilla y León emite una resolución sobre la mina de Retortillo, tras haber dictaminado en agosto de 2017 que “la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León en octubre de 2013 no puede considerarse válida por la fragmentación del proyecto inicial, razó por la que debería realizarse una nueva que tenga en cuenta el impacto radiológico, la afectación de la Red Natura 2000 o los aspectos transfronterizos del proyecto”. 

En esta línea, la plataforma añadió que “no se puede tolerar que la empresa minera se vaya de 'rositas' en este asunto, después del daño causado en una zona de alto valor ecológico”. Y concluyó manifestando que “Berkeley, que se atreve a pedir celeridad en la resolución de sus asuntos en el Consejo de Seguridad Nuclear, se beneficia de la pasividad del Ayuntamiento de Retortillo en la resolución de los asuntos que le atañen”.