La Audiencia de Valladolid celebra juicio el próximo día 14 de diciembre contra el presidente nacional de la asociación sin ánimo de lucro Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y Marginales' (Retomar) y su esposa por, supuestamente, utilizar dicha entidad para la explotación laboral de toxicómanos y alcohólicos a los que, además, empleaba en una actividad ilegal de contrabando de tabaco.

En el banquillo se sentarán el máximo responsable de Retomar, J.M.G. y su mujer, M.J.P, con peticiones de pena para el primero de casi 12 años de cárcel y multa global de 1.256.550 euros por dos delitos contra los derechos de los trabajadores y otro de contrabando, así como para la segunda de casi ocho años y multa de 8.550 euros, a la que la acusación pública no incluye en el tercero de los delitos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, y con respecto a Rehabilitación, Restauración y Habilitación SLU, la mercantil creada por los dos acusados para distraer los beneficios obtenidos, el fiscal del caso--también está personada en la causa la Abogacía del Estado--solicita su suspensión de actividades por un lustro y su inhabilitación para la percepción de subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social por espacio de 15 años.

Durante el juicio se analizará la actividad que Retomar, con sede social en la Avenida de Gijón de Valladolid y con un Centro Ocupacional en Mojados, desarrolló al menos desde el año 2012 con la originaria finalidad de reinsertar a personas drogodependientes y marginales a través de su rehabilitación personal y social mediante distintas terapias.

Sin embargo, Fiscalía de Valladolid sostiene que en lugar de ello, el principal acusado, J.M.G, se dedicó exclusivamente a explotar laboralmente, sin respetar la normativa laboral ni convenios colectivos del sector, al medio centenar de víctimas a las que captó en comedores sociales y otros centros asistenciales aprovechándose de su situación de extrema necesidad, bien por su marginalidad y falta de recursos para subsistir o bien por su adicción al alcohol y las drogas.

En esa actividad, el acusado, en connivencia con su esposa, también acusada, contactó en 2012 con una mercantil de plásticos ubicada en el Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia) a la que vendía los residuos de plástico que Retomar recogía pero que no eran aptos para su reciclaje directo, con lo cual convino más tarde desplazar hasta la factoría cerca de una quincena de residentes para proceder a la selección de los materiales, retirando los impropios.

Dichas tareas, siempre según la acusación pública, la desempeñaban los 'explotados' con jornadas de 08.00 a 21.00 horas, con descansos 11.00 a 11.30 y de 14.00 a 16.00 horas, con la particularidad además de que tan sólo cuatro de ellos estaban dados de alta en la Seguridad Social, a media jornada--cuatro horas--, para dar apariencia de legalidad y sin que ninguno de ellos fuera dotado de elementos de seguridad (EPI) a pesar de que trabajaban con residuos tóxicos y sin que existiera un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Pero además, los trabajadores, presuntamente, no percibían remuneración alguna por su tarea y únicamente obtenían alojamiento, comida y, en alguna ocasión, picadura de tabaco que el acusado elaboraba de forma ilegal.

Gracias a esta actividad, los acusados obtuvieron pingües beneficios por importe de 67.753 euros en 2012, 182.408 euros en 2013, 130.789 en 2014 y 921.288 en 2015 que destinaron a su propio beneficio.

Precisamente, y dados los elevados beneficios conseguidos, los acusados decidieron entonces desvincular esta actividad de Retomar y ligarla desde 2015 a una empresa que crearon con el nombre de Rehabilitación, Restauración y Habilitación SLU, cuya titular era la esposa de J.M.G, y todo ello con el objetivo de distraer las ganancias a su propio patrimonio de manera aparentemente legal.

Dicha empresa pasó entonces a utilizar a los mismos trabajadores para desempeñar idéntico trabajo de selección de plásticos en la factoría de Villamuriel, con el que obtuvieron 84.349 euros de beneficio. En este caso sí disponía de un servicio de prevención ajeno en el que se fijaban distintos elementos de seguridad que, sin embargo, tampoco proporcionaban a sus operarios.

OCULTACIÓN DE SINIESTROS
Como detalle de la ocultación y opacidad de la actividad laboral que desarrollaban los acusados, Fiscalía refiere el caso de sendos accidentes de trabajo de dos de los trabajadores que mantuvo en silencio, uno de ellos en el que la víctima sufrió graves lesiones en ambas piernas cuando manejaba un 'toro mecánico' en la nave de Villamuriel y el otro en el que el afectado resultó lesionado en un ojo cuando realizaba tareas de electricidad y albañilería en el centro de Retomar.

En el primer caso, el acusado trasladó al accidentado desde Villamuriel hasta las dependencias de Retomar, en Valladolid, y le apercibió supuestamente de que no se le ocurriera decir dónde había tenido lugar el siniestro ya que no estaba dado de alta en la Seguridad Social, mientras que en el segundo, que tampoco está en regla, ni siquiera le evacuó a un centro médico.

A estos cargos, las acusaciones--en este caso también la Abogacía del Estado--imputan a J.M.G. un delito de contrabando debido a que utilizó las instalaciones de Retomar en Mojados para procesar labores de tabaco, pese a carecer de cualquier autorización para ello, que adquiría a través de internet y que mensualmente se elevaban a unos 200 kilos.

Sin superar ningún tipo de registro sanitario, tales labores lo procesaban los propios internos del centro mediante su desnervado y picado en bolsas de 10 kilos, las cuales eran vendidas a los residentes que disponían de alguna pensión o subsidio o bien se les daba como pago en especie por su trabajo.

Consta que entre julio de 2015 y agosto de 2016 Retomar recibió 70 envíos con un peso aproximado de más de dos toneladas y media valoradas en 416.000 euros. Parte de dichas labores, una vez procesado, se enviaba también al centro Retomar sito en la provincia de Almería y a varios familiares en Sevilla.