El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó hoy que la ley de medidas de las cuentas de la Comunidad para 2021, introduce en su parte final varias “novedades”, entre las que constató que se eleva “de 3,5 a 5 veces del IPREM” del requisito de los ingresos de los posibles destinatarios de viviendas de promoción pública en el caso de promociones destinadas a la venta, con el reto de  “lograr la fijación de población”.

Carriedo, que presentó hoy en las Cortes, el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2021, elaborado por la Junta y sus medidas de acompañamiento, recalcó que también se modifica la ley de 2010 de la materia en la Comunidad, con el reto de “dirigir los principales esfuerzos de la acción pública a lograr la satisfacción del derecho a una vivienda digna, en favor de las capas más desfavorecidas de la población”.

Por otra parte, el consejero también trasladó como otra novedad del texto normativo, la incorporación de una nueva disposición transitoria a la Ley de la Función Pública de la Comunidad para “dar en la mayor medida posible cumplimiento efectivo al derecho a la promoción profesional y movilidad geográfica de los funcionarios de la Administración de Castilla y León.

Por último, mencionó otra modificación de la Ley agraria de Castilla y León, que recoge una regulación específica en materia de calidad alimentaria.  

Medidas administrativas y financieras

El consejero también aclaró que el tercer capítulo de la ley recoge, por su parte, medidas de carácter estrictamente administrativo y constató una nueva regulación de los encargos hechos por la Administración a entidades instrumentales para adaptar la misma a la normativa básica estatal.

Fernández Carriedo repasó asimsimo el segundo capítulo del proyecto de ley que establece distintas medidas financieras que permitirán, dijo, la mejora de la regulación en cuanto a la delimitación de las entidades que forman parte del sector público autonómico y, dentro del mismo, del sector público institucional.

A su vez, manifestó que se modifican los principios contables y los criterios de aplicación de los mismos, así como las competencias de la Intervención General como órgano directivo y como centro gestor de la contabilidad pública, para incluir en su ámbito de aplicación a las entidades del sector público institucional autonómico.

Por último, anunció que en esta materia, se prevé la elaboración de una Cuenta General única de la Comunidad y se establece la supervisión continua de las entidades integrantes del sector público institucional a través del control financiero permanente y del plan de auditorías.

Medidas tributarias

Carlos Fernández Carriedo también se refirió al primer capítulo, que regula las apuestas tributarias de una ley en la que “no se suben los impuestos a las familias, las pymes y los autónomos; y que, con carácter general, congela las tasas”. El total de beneficios fiscales de carácter tributario asciende a 366,37 millones de euros, y se estima que beneficiarán a 155.478 contribuyentes, dijo.

Carriedo incidió en dos importantes novedades impositivas que beneficiaran al medio rural; la rebaja de un 25 por ciento en el impuesto de transmisiones, para inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales; y una bonificación del 95 por ciento en la tasa de servicios veterinarios.

IRPF

El consejero también aclaró que respecto al IRPF y como consecuencia del establecimiento de la deducción estatal de maternidad incrementada por gastos de guardería, se modifica la regulación de la deducción autonómica por cuidado de hijos menores para hacer compatibles ambas deducciones.

Por otro lado, aseveró que se establece como requisito para que el contribuyente pueda aplicar la deducción para el fomento de la movilidad sostenible, el que el valor de adquisición del vehículo, incluyendo todos los impuestos inherentes a la compra, no supere los 40.000 euros.

Para finalizar, aclaró que se introducen mejoras técnicas en la regulación de los Tributos sobre el juego, además de modificar el devengo de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, cuando se trate de máquinas recreativas o de azar, pasando de anual a trimestral y de modificar el pago de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, eliminando la posibilidad de optar por el fraccionamiento automático y estableciendo que el ingreso de la tasa se efectúe del día 1 al día 20 de los meses correspondientes.