Este país que nos toca vivir, siempre dado a los extremos, a esa tan nuestra disyuntiva de estás conmigo o estás contra mí, ha tomado visos de convertirse en crónica con la aprobación por el Congreso de los Diputados -es decir, por la mayoría de los representantes de los españoles- de la llamada Ley Celáa, en honor o recuerdo siempre del ministro o ministra en el ramo. 

Como vivimos una etapa de enfrentamientos políticos, muchos de ellos banales, aunque, siendo sincero, me da mucho que pensar que con esa virulencia sólo se dan cuando gobierna la izquierda, digamos el PSOE con quien corresponda en ese momento -casi siempre apoyado por PNV y los otrora dialogantes catalanes de CiU-. Decía porque estos achaques de griterío y alboroto del gallinero popular, derecha y derecha extrema, más bien parecen indicar que sólo ellos son los que legítimamente -e, incluso, poniéndonos en ese dilema- ilegítimamente si tomamos en cuenta las financiaciones ilegales de partidos y campañas -no dicho por mí, sino por los tribunales- pueden ostentar el poder.

De lleno con la Ley Celáa, la que ha hecho sacar los lazitos naranjas -ay, los lazitos, qué poder tienen las hemerotecas, unos amarillos, muy criticados y satanizados, y ahora los naranjas- y, repito, aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados -parece ser que la soberanía popular solo se tiene en cuenta cuando interesa-, la oposición a la misma, desde mi óptica, no tiene motivos serios para tan alto vocerío, sea de cláxones o exabruptos verbales.

Esta sociedad, se mire como se mire, necesita una transformación del sistema educativo para adecuarlo al momento actual y, de paso, esté al servicio de todos los estudiantes, sin excepción alguna. Venimos con una ley casi de 2002 con el Gobierno de Aznar, y luego modificada en algunos aspectos por el polémico ministro José Ignacio Wert, a quien el martes 22 de mayo de 2012 se le montó una huelga general de todos los niveles educativos públicos, desde infantil hasta la Universidad, y en prácticamente todas las Comunidades Autónomas (lo que constituye la primera huelga unitaria de la enseñanza pública en la historia de la democracia). Y, recordemos, sólamente apoyadas esas reformas por los votos del PP. Ante esto, debemos tener en cuenta la opinión del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, cuando asegura que "con la Constitución española de 1978 es imposible que se pueda aprobar una ley de educación por consenso. No se ha aprobado ninguna de esta manera, no por casualidad, sino porque la Constitución no lo permite".

De esta nueva Ley Celáa, lo primero es desmontar bulos que circulan como la espuma. El primero, lanzado por Vox asegurando que "se van a cerrar los centros de Educación Especial". Es un 'fake new'. En ningún párrafo del articulado recoge esta posibilidad. Más al contrario, donde la desfachatez no tiene límites, sí venía recogido en el programa electoral de esta fuerza de extrema derecha. Así, en su programa dice: "Educación inclusiva (acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva). ¿Alguien entiende algo? Es que, además, para no engañar a las familias, la nueva ley dice. "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que  estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". ¿Dónde está ese mantra de que desaparecrá la enseñanza especial? Hoy, más que nunca, es exigible que la verdad vea la luz ante tanta desinformación interesada.

En segundo lugar, la libre elección de centro por parte de los padres. Quizás mi cansancio ocular de lector compulsivo no me permite leer bien, pero que alguien me explique dónde se recoge que los padres no pueden elegir el colegio de sus hijos. Claro que los padres son libres de llevar a sus hijos al colegio o centro que quieran, oferta existe mucha. Pero lo primero es garantizar la enseñanza pública -la del dinero de todos- para todos. Y después, si el espacio se queda corto, ya se llegará a acuerdos con otros centros. ¿Es que no ocurre lo mismo con la Sanidad pública? Cada uno es muy libre de elegir quién quiere que lo cuide o sane. Pero no se puede, como hemos estado viendo, que se mangonee y descapitalice la Sanidad de todos para favorecer el bolsillo y caprichos de unos pocos. Pues lo mismo en la Educación, creo yo. No es menos cierto que, a las clases más o menos pudientes, le molesta profundamente pagar más por su elitismo y exclusividad, hasta el punto que la mayor brecha de desigualdad que el dinero público ha financiado en democracia es la enseñanza llamada concertada. Además, quienes piensan que están ejerciendo su derecho a elegir el centro educativo, quizás no se dan cuenta de que es el centro, paradógicamente, quién está ejerciendo su derecho a elegir a quienes quiere educar y, además, financiado en buena parte, por el dinero público. Los datos son elocuentes, España invierte en un alumno de la enseñanza pública 822 euros, mientras que un alumno de la llamada enseñanza concertada -en manos casi siempre de la iglesia y la alta burguesía- le cuesta al erario público 1.549 euros. 

Y el otro mantra, el español. Sigo leyendo y no veo en ningún párrafo ni articulado una sola palabra que diga que el español no se estudiará en Catalunya, Euskadi, Galicia, Sevilla, Tenerife o la culta Salamanca. Me parece correcto que el catalán, euskera o gallego se estudien en igualdad con el español. ¿No hablamos de una España multicultural con lenguas propias que serán protegidas? Alguien que tiene mucha familia en el País Vasco y Cataluña aún no ha escuchado de sus familiares que se le haya prohibido aprender en español en ninguno de sus colegios y escuelas. ¿Dónde está el problema? Ah, sí, que ha sido apoyada por el PNV y ERC, el actual ogro de las derechas españolas. Qué triste es la memoria. Si hablamos de adoctrinamiento, qué tendríamos que decir de un alto número de escuelas o colegios privados.

Libertad de enseñanza, sí con todo el respeto y derecho, pero primero la enseñanza pública decente y bien gestionada y, sobre todo, universal. Porque el que no quiera la enseñanza pública no puede pedir estudiar gratis con el dinero de todos los españoles. Los poderes reaccionarios, y no tanto, no hacen más que hablar de "adelgazar" el Estado -uno de los postulados de la teoría liberal-, de lo público y que intervenga el mercado en su regulación... Eso sí, cuando se habla de educación privada, esos mismos piden que la sostenga ese Estado con el dinero de todos. Y de la asignatura de Religión, allá cada uno con su conciencia. Pero lo que no debe ser obligatoria en un estado aconfesional ni, mucho menos, contar para aprobar curso o de media para pruebas superiores. En la enseñanza privada, que cada uno haga de su capa un sayo.

Finalmente, el problema no es la calidad de la enseñanza, ni los contenidos de la misma, ni la universalidad de la misma, ni tampoco la igualdad de acceso y mucho menos la escolarización, aquí el problema de tanta virulencia radica en la pérdida de privilegios, en cargar contra todo lo que huela a gobierno "socialcomunista", a desligitimar a un Gobierno salido de las urnas y apoyado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en defender a la Iglesia Católica cuando ve tocado su poder -sí, en muchos casos de adoctrinamiento-, mermar su influencia y privilegios y, sobre todo, poner al español y a España en la picota de la guerra política. Y, además, triste esta España en que uno de sus líderes políticos llama a la desobediencia. No deberían olvidar los que llaman a sus CCAA a no cumplir esta ley que cuando no se cumplen las leyes no hay democracia, ay!