El sindicato STECyL ha criticado este viernes en una rueda de prensa el trabajo realizado durante el verano por las administraciones educativas ante el inicio escolar ya que "las comunidades autónomas no avanzaron apenas trabajo durante el verano y el Ministerio de Educación las citó a una reunión el 27 de agosto, cuando ya no había apenas margen para la reacción en los centros educativos". 

Según Teresa Vicente Ramos, portavoz del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras (STE) de Salamanca “tras un verano de intenso y encomiable trabajo por parte de los equipos directivo, llevado a cabo en condiciones de total incertidumbre, el curso ha comenzado con una sensación absoluta de caos e improvisación por parte de las administraciones educativas”. 

Así, consideran que los problemas han sido graves y numerosos ya que la obligatoriedad de la distancia de seguridad se estableció una vez organizados los centros educativos y supuso una repetición del trabajo ya elaborado, mientras que los procedimientos para tramitar los casos sospechosos en los centros educativos se fueron elaborando a lo largo de septiembre y aún generan dudas, comentan.

Continúan criticando que "los llamamientos al nuevo profesorado por necesidades sobrevenidas se han realizado de forma opaca mediante llamadas telefónicas solapadas con adjudicaciones informatizadas que se han saltado los criterios de prioridad por méritos". 

Además de que se ha abierto la posibilidad de acceder a la docencia a personas que no disponen de la formación pedagógica y didáctica para ello "poniendo en riesgo la calidad de la enseñanza y degradando el perfil laboral de la docencia". 

También se quejan de que "las pruebas de seroprevalencia programadas para el profesorado se están realizando mal y tarde, las clases han comenzado sin saber cuántos docentes eran ya positivos y podían transmitir el virus. La lista es larga y podría continuar".

Ante ello, el sindicato ha reivindicado medidas para intentar lograr una "necesaria vuelta a las aulas de forma presencial" de manera segura. “Son medidas básicas para que las aulas sean lugares seguros donde se garantice el derecho a una educación presencial”, dice su portavoz.

De esta manera, piden más profesorado y menos ratio, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias, transparencia y justicia en el llamamiento de personal interino, agilidad y atención a docentes embarazadas, reducción de la presencialidad en los centros y la descarga de responsabilidad y burocracia a los equipos directivos y docentes. 

Por otro lado, también piden facilidades para la conciliación de la vida familiar ante las cuarentenas y agilidad en la realización de pruebas PCR a las personas sospechosas de tener Covid-19, ya que a su juicio "a pesar de los esfuerzos de los equipos directivos aún quedan necesidades por cubrir".