La Comunidad de Regantes de la Presa de la Vega de Abajo de Vecilla de la Vega (León) ha recibido los documentos pertenecientes al archivo histórico de la entidad que ya se daban por desaparecidos y de los que se tenía conocimiento por aparecer en las actas de entrega del inventario que se redactaban cada año para dejar constancia del cambio de los jueces preseros salientes y entrantes (la más antigua de las que obra en su poder data del 11 de noviembre de 1890).

En dichas actas se hacía mención a los bienes entregados, incluida el arca de las tres llaves, que aún se conserva y que servía de archivo para la custodia de los bienes que integraban el patrimonio de la Comunidad. Para abrirla tenían que estar presentes los dos jueces y el alcalde de Barrio de Vecilla de la Vega, ya que cada uno de ellos tenía en su poder una de esas tres llaves.

Maximino Rodríguez del Río, ‘Navarrín’, ya fallecido y que ejerció de secretario durante más de 30 años, hasta febrero de 1987, guardó los documentos para evitar su pérdida, dado que la Comunidad no contaban con sede propia y el hijo de éste, Pedro Miguel Rodríguez, fue quien hizo entrega de los mismos. 

Desde el siglo XIV al XX fueron numerosos los pleitos y litigios causados por los derechos de agua y toma mantenidos con otras comunidades que derivaban su caudal aguas arriba e, incluso, entre los propios pueblos de la Presa de la Vega de Abajo. Uno de los más sonados fue el que enfrentó al Cabildo Catedralicio de Astorga con el Marqués de Castañón en la segunda mitad del siglo XVIII por la pretensión de éste de llevar las aguas del Río Órbigo al despoblado de Hinojo, buscando los primeros el apoyo de los pueblos ribereños por resultar perjudicados por la pretensión del marqués de construir una nueva toma aguas arriba de las que ya existían para derivar caudal hacia sus tierras. Al final el Marqués resultó victorioso, figurando la documentación relacionada con el pleito entre los archivos entregados.

Dentro de la Comunidad, destacan desde la propia entidad, hubo continuos litigios entre los pueblos de arriba y los de abajo (Soto de la Vega y Requejo de la Vega) a los que les llegaba difícilmente el agua (uno de los documentos, del año 1836, refleja una demanda en este sentido). Este hecho les llevó a construir una nueva toma en el río, conocida como la Presa San Miguel, que enlazaba con el cauce histórico de la Comunidad y les conducía el agua directamente a sus términos. No sólo se limitaron a realizar la citada toma y la presa correspondiente, sino que las Juntas Administrativas de ambas localidades obtuvieron a finales del siglo XIX la primera concesión de aguas existente en la Comunidad (tan sólo para dichos términos), mucho más antigua que la que está vigente en la actualidad.

Tanto los documentos recuperados como los planos cartográficos del siglo XVIII pertenecientes a la Real Chancillería de Valladolid (equivalente al actual Tribunal Superior de Justicia), cuya realización se encargaba a los peritos de la época para que sirvieran de prueba en los pleitos por derechos de aguas, dan fe de los continuos litigios existentes, prueba evidente de la importancia del agua como valor económico a lo largo de la historia.