Fiscalía de Valladolid ha mantenido finalmente su petición de seis años de cárcel para cada uno de los dos hermanos albaneses Ilirjan y Laurel D. como autores de casi una veintena de robos en viviendas perpetrados entre los meses de febrero y marzo de 2019 en la provincia de Valladolid y distintas localidades andaluzas.

El juicio ha quedado visto para sentencia este jueves en la Audiencia de Valladolid tras tres sesiones, una vez que uno de los tres acusados, Alexander L, abandonara el banquillo en la primera jornada tras sellar un acuerdo de tres años y cuatro meses de cárcel--abonó más de 6.000 euros de indemnización--y los otros dos procesados se mostraran proclives al mismo acuerdo, sin que pudieran dejarlo cerrado del todo al no haber consignado sus respectivas responsabilidades civiles.

Por tal motivo, una vez practicadas las prueba testifical, con las declaraciones de sus víctimas, y pericial, la acusación pública se ha visto obligada a mantener para estos dos últimos su petición de seis años de prisión por delito continuado de robo con fuerza en las cosas y en casa habitada, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La posible condena pudiera rebajarse igualmente hasta los tres años y cuatro meses, la misma que pactó el tercer acusado, siempre y cuando el dinero que supuestamente han recabado de sus familiares en Italia y Albania, en total 13.403,17 euros, llegara a España antes de que el tribunal dicte sentencia, pues en tal caso aplicaría la atenuante de reparación del daño.

El dispositivo de geolocalización instalado en uno de sus coches por una empresa de alquiler de Málaga condujo a la Guardia Civil de Valladolid tras la pista de los tres ciudadanos de origen albanés, con domicilio en Atarfe (Granada), como responsables de los distintos robos en Valladolid y las provincias de Jaén, Córdoba y Granada.

A los acusados se les considera integrantes de un grupo organizado que, movido por el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial, se dedicaron entre los meses de febrero y marzo de 2019 a entrar en distintos domicilios de la geografía nacional, utilizados como vivienda por sus titulares, dañando para ello sus diferentes sistemas de cierre o trepando por las ventanas para, una vez en el interior, apoderarse de cuantos efectos encontraban a su pasado, mayoritariamente joyas y dinero.