El Procurador del Común reclamó al Ayuntamiento de Oencia que recupere las labores de desinfección y vigilancia sanitaria en el abastecimiento del agua de consumo humano para las localidades de Arnadelo, Arnado, Lusio, Castropetre, Quintela, Leiroso, Sanvitul, Gestoso y Villarubín. La institución que dirige Tomás Quintana advierte en su resolución del riesgo que supone el hecho de que “cada vez son más los Ayuntamientos que autoexcluyen a localidades de su ámbito territorial del control sanitario del agua de consumo”, medidas que, subraya el Procurador, “impactan de manera evidente en la calidad de vida y la salud de las personas que residen en las poblaciones más pequeñas y en el medio rural”.

Cabe recordar que en el año 2016, el pleno de este Ayuntamiento berciano encomendó a la Diputación de León, mediante un convenio específico, el control sanitario del agua de consumo humano en las localidades de Oencia, Arnadelo y Villarrubín. Ese convenio se amplió en 2018 a las localidades de Lusio, Castropetre, Arnado, Gestoso, Leiroso, San Vitul y Quintela. Sin embargo, un año más tarde el convenio se limitó únicamente a la localidad de Oencia, excluyendo al resto de poblaciones de la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano que lleva a cabo la Consejería de Sanidad.

Este acuerdo, señalaron fuentes municipales, vino motivado por la escasa población de estas localidades y el “excesivo coste” que conlleva para el Ayuntamiento el control sobre el abastecimiento en estas poblaciones. Aún así, el Consistorio adoptó “medidas alternativas” para asegurar el consumo humano y la potabilidad de las aguas, a través de un análisis completo anual. En el informe aportado, las mismas fuentes destacaron que el abastecimiento es responsabilidad de las juntas vecinales “desde tiempos inmemoriales”, pese a que no existe una delegación expresa de competencias por parte del Ayuntamiento.

En su resolución, el Procurador recuerda que “el suministro de agua potable tiene la consideración de derecho humano básico” y que a los suministros públicos se les supone un “plus de garantía”. En ese sentido, Quintana muestra su preocupación por la ausencia de medidas de desinfección, filtración y vigilancia en el suministro público de agua, en un momento en el que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 está acercando a muchas personas a las zonas rurales.

Al respecto, el Procurador insiste en reclamar a la Consejería de Sanidad que solucione el problema de falta de control sanitario en los abastecimientos menores. Según Quintana, la norma autonómica “excluye a determinados ciudadanos por el hecho de residir habitual o eventualmente en una población de menor dimensión”. En esa línea, el Procurador subraya que ninguna localidad en las provincias de Segovia y Valladolid ha solicitado la autoexclusión de la red de vigilancia sanitaria, una medida que “prolifera” en el resto de demarcaciones y que constituye “un elemento importante de desigualdad en el territorio, con incidencia y repercusión directa en el problema de la despoblación”, asegura.

Por último, la resolución del Procurador insta al Ayuntamiento a recuperar las labores de desinfección y a concretar con las juntas vecinales la competencia en relación con la prestación de este servicio público. De la misma manera, solicita al Consistorio que mantenga informados “permanentemente” a los vecinos afectados de todas las circunstancias sanitarias relativas a los abastecimientos.