La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha sido designada para celebrar el juicio por la denominada 'Operación Cebada' por la que se encuentran imputados el que fuera presidente provincial de Asaja, Lino Rodríguez; su esposa, Ana de la Fuente; el extécnico Fernando Redondo, y Gerardo Rico, mano derecha del primero.

La causa ha llegado ya a dicha sección, que casi con toda probabilidad no señalará juicio hasta 2021, y de la misma se encargará como ponente el magistrado Miguel Donis, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los cuatro procesados se enfrentan a penas que en su conjunto suman más de 26 años de cárcel y casi cuatro millones de indemnización, según recoge el escrito de calificación provisional de la Fiscalía vallisoletana, el mismo en el que se responsabiliza a la entonces cúpula del sindicato agrario del despilfarro en sus cuentas.

En concreto, el expresidente Lino Rodríguez se expone a una condena de 13 años y seis meses de cárcel, mientras que para su esposa, como cooperadora necesaria a través de la gestoría Sodeprin, se piden dos años de cárcel.

Otros dos de los acusados, el exgerente Fernando Redondo se enfrenta a seis años, mientras que la acusación pública solicita cinco para el ex vicepresidente de Asaja Valladolid, Gerardo Rico, por administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y apropiación indebida.

El Juzgado de Instrucción 5 dictó en su día auto de imputación contra los cuatro y abrió procedimiento abreviado tras hallar indicios suficientes de irregularidades en la gestión de la organización y que los cuatro investigados habrían podido incurrir en apropiación indebida de miles de euros procedentes de subvenciones públicas para la formación de agricultores que fueron concedidas a una de las sociedades filiales de la organización, el Grupo Derco.

La titular de este juzgado admitió en octubre de 2013 la denuncia presentada del tesorero de Asaja Valladolid, Alberto Cano, contra el presidente provincial, Lino Rodríguez, para aclarar el destino de miles de euros de fondos europeos destinados a la formación de agricultores y ganaderos, unos cursos que nunca se celebraron.

CON UNA CONDENA ANTERIOR

Se da la circunstancia de que el exdirigente cumple condena de dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León en sendos expedientes tramitados a través de la mercantil Campo de Peñafiel S.L. por importe global de más de un millón de euros.

Así, amén de los dos años y ocho meses de privación de libertad, la sentencia de Penal 4, confirmada luego por la Audiencia Provincial, incluía el pago de una multa de 1.567.007,74 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a la Junta de 727.568,23 euros más intereses, con responsabilidad civil subsidiaria la mercantil Campo de Peñafiel, S.L.

Además, se le condenó a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y medio.

Por contra, en el fallo quedó absuelto de la tentativa de fraude de la que venía siendo acusado por la otra subvención, por 252.000 euros, que no llegó a cobrar al percatarse la Junta de la irregular tramitación seguida.