La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró hoy que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, avala que no se ofrezcan de forma individualizada los datos sobre el impacto del COVID-19 en las residencias privadas, sino agregada, y que para publicar esta información se pida autorización a los titulares de estos centros de mayores.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, la socialista Patricia Gómez Urbán se refirió al informe del Comisionado de Transparencia de Castilla y León. “Quien algo oculta algo teme”, afirmó la parlamentaria quien tachó de “aberrante”, “vergonzo” e “indecente” que se protejan a las empresas y se haya pasado de la tan “cacareada” transparencia a la “opacidad absoluta”.

La consejera insistió en que cumplirán la resolución de Transparencia por lo que el expediente se retrotraerá al momento de audiencia a los titulares de residencias privadas, para que formulen alegaciones a la difusión de información, para en virtud de ellas actuar de forma ponderada.

La socialista insistió en que si no ha facilitado la información de residencias privadas es porque “no han querido” frente a sus “excusas”, por lo que sostuvo que entre el derecho a la información y saber lo ocurrido, la Junta prefiere proteger a los titulares de los centros privados. Insistió en que es importante saber lo ocurrido para corregir errores, pero también para las familias.

Isabel Blanco negó que mintiera para lo que además recurrió a los informes de los servicios jurídicos, la Abogacía del Estado y la Agencia de Protección de Datos. Además, rechazó que la Junta tenga un “oscuro” interés para no ofrecer los datos de las residencias privadas y se preguntó si el Ministerio de Pablo Iglesias lo comparte al coincidir en que no es posible dar publicidad a esta información.

Finalmente, la socialista consideró que la consejera trata de “tapar” un modelo de residencias, que según la titular de Sanidad, Verónica Casado, “ha hecho aguas”, para que no se conozca su “ineptitud” y “desidia” o para proteger a los titulares de residencias privadas. “Son unos trileros” dijo y lamentó que tomen por “tontos” a los castellanos y leoneses.