Ante el debate abierto desde hace unas semanas sobre la conveniencia o no de abrir el Diálogo Social en Castilla y León a otros posibles interlocutores y teniendo en cuanta las opiniones de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, del viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y del propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, desde el CEL abogamos por un modelo de Diálogo Social más aperturista, dinámico, que dé voz a más actores para adaptarse mejor a la compleja situación demográfica, económica y socio laboral que atravesamos en nuestra Comunidad.

El Diálogo Social es el instrumento que contempla el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para que la Junta y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (CECALE, UGT y CCOO) puedan diseñar e implementar las políticas económicas, sociales y de empleo que consideren mejores. Es decir, tienen el poder de decidir el reparto de los fondos públicos en las estrategias de empleo, formación, competitividad, transición para el cambio climático, etc. Un statu quo que se ha mantenido sin cambios desde 2001, -año en que se puso en marcha este proceso en Castilla y León, aunque no fue hasta el año 2008 cuando nació la Ley para la creación del Consejo del Diálogo Social.

El Diálogo Social ha sido una balsa de aceite en esta Comunidad, hasta el punto que la Junta ha llevado por bandera la paz social en Castilla y León como un modelo a seguir. Sin embargo, desde el Círculo Empresarial Leonés nos preguntamos ¿qué resultados ha dado en cada una de las nueve provincias de esta comunidad? ¿qué avances se han producido en temas vitales para empresarios y trabajadores como la formación, cualificación profesional, empleo juvenil, prevención de riesgos, igualdad y conciliación? ¿qué sabemos de la necesaria reforma del ECYL? ¿por qué se siguen manteniendo cursos y otras acciones formativas cuando muchos de ellos tienen poca o nula empleabilidad? ¿qué pasa cuando una terrible pandemia cambia por completo las circunstancias y el panorama económico y social de nuestra comunidad? ¿se contempla el grave problema demográfico en sus líneas de trabajo?

Los empresarios y trabajadores de Castilla y León que no estamos representados ni por CECALE ni por los sindicatos mayoritarios, -formemos parte o no de otras organizaciones empresariales y sindicales-, no tenemos voz ni voto en la concertación social. Pero tenemos ideas, experiencia y nos gustaría compartirlas e implicarnos más para contribuir a mejorar el diseño de las políticas económicas y sociales que beneficien al conjunto de la sociedad castellana y leonesa. Precisamente en un momento crucial en el que se anuncia la creación de un grupo de trabajo para definir las líneas estratégicas del Plan de Choque por el Empleo al que se han comprometido en el Consejo del Diálogo Social, celebrado ayer, 30 de septiembre.

Es una lástima y una oportunidad perdida que no haya sido atendida la propuesta valiente de la Consejería de Empleo e Industria de abrir el Diálogo Social a nuevos actores con conocimiento y experiencia en distintas materias, como pueden ser diferentes asociaciones empresariales representativas en Castilla y León, clusters sectoriales y tecnológicos, Cámaras de Comercio, otros sindicatos generalistas y sectoriales, etc. CECALE, UGT y CCOO, respaldados a su vez por prácticamente todos los grupos políticos en las Cortes (excepto Vox), rechazaron la apertura y el fortalecimiento del Diálogo Social al votar en contra de la creación de cinco comisiones especializadas en asuntos como la formación, la digitalización, la economía verde o el crecimiento y desarrollo empresarial. Les ha faltado generosidad y altura de miras.

Desde el Círculo Empresarial Leonés creemos que las leyes deben adaptarse a los tiempos. Ha llegado el momento de revisar profundamente la Ley que regula los órganos y funcionamiento de la concertación social en nuestra Comunidad y los actores que intervienen en ella, ya que los actuales no representan ni a todos los empresarios ni a todos los trabajadores de Castilla y León. Abogamos por un cambio de modelo en el Diálogo Social porque el actual se ha quedado corto y no facilita la participación de colectivos empresariales y sociales que tienen mucho que aportar en la planificación de las políticas públicas que favorezcan el progreso de la sociedad actual y respondan verdaderamente a los intereses de los ciudadanos.