Los agentes que forman parte del Diálogo Social --Junta, sindicatos y patronal-- han acordado este miércoles darse un plazo máximo de tres semanas para aprobar un Plan de Choque 'exprés' con medidas adicionales de protección para el empleo que contemple la contratación por parte de los ayuntamientos y para proteger a las empresas que tengan expedientes de regulación por causas organizativas con nuevas medidas de financiación.

Así lo ha avanzado a Europa Press el secretario autonómico de CC.OO, Vicente Andrés, y el de UGT, Faustino Temprano, y el de Cecale, Santiago Aparicio, tras la reunión celebrada este miércoles con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un encuentro que, a juicio de Andrés, "llega tarde" y tras "tres solicitudes" por parte de los agentes sociales con el fin de "dar respuesta cuando se generan los problemas".

La reunión se ha cerrado con un acuerdo en torno a la puesta en marcha de un Plan de Choque del que la Junta ya ha entregado un borrador con el fin de avanzar en la asunción de medidas ante la situación económica derivada de la pandemia del Covid-19 y que, a juicio de patronal y sindicatos, debe acometerse de forma urgente.

Según ha informado la Junta el documento debe abordar el reto de construir un plan por el empleo "sólido", que sea capaz de dar una respuesta "ágil" y "efectiva" a los desafíos que plantea el escenario económico y laboral actual, que es "incierto y complejo". Asimismo, durante el encuentro, el presidente ha manifestado su convicción de que el diálogo y el acuerdo son herramientas muy valiosas, "particularmente en estos tiempos de dificultades".

El presidente ha detallado las líneas estratégicas que propone la Junta para la confección de este plan, que debe dirigirse prioritariamente a aquellos sectores y colectivos que más están sufriendo el impacto de la emergencia sanitaria -tales como la hostelería, el turismo, el comercio o la cultura-, sin olvidar la atención a otras necesidades comunes del tejido productivo y los trabajadores.

Así, en la negociación del Plan del Choque por el Empleo se abordará el estudio y la elaboración de programas de ayudas a empresas -como las planteadas para financiar las cotizaciones de empleados que salgan de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), o las orientadas a garantizar la máxima seguridad y protección de la salud en los centros productivos y a trabajadores, como los incentivos para la protección de personas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) por causas organizativas, técnicas o de producción, o para colectivos especialmente vulnerables, como los mayores de 55 años-. También se está planteando la inclusión de líneas de financiación a empresas y el impulso de un plan financiero con medidas para dar liquidez a los sectores más afectados.

Como han explicado los agentes económicos este Plan deberá estar cerrado en un plazo máximo de tres semanas por lo que los trabajos arrancarán en el seno de la Comisión Permanente del Diálogo Social de forma "urgente". Así, han reclamado que el mismo tenga una financiación suficiente que, según los sindicatos, debería lograrse a través de la vía impositiva o con un incremento del endeudamiento.

Este Plan de Choque incluiría también las medidas del Plan de Empleo Local que consta de 20 millones de euros para la contratación de trabajadores en desempleo por parte de los ayuntamientos.

Además, como ha explicado Santiago Aparicio, son "esenciales" las medidas de financiación para las empresas, algo "fundamental" dada la situación derivada de la pandemia que ha provocado que "la salida de esta crisis no vaya a ser una realidad hasta 2022".

"Las empresas necesitan financiación, el año que viene va a ser un año complejo, difícil, muy largo y muy duro, las empresas que lleguen a estar operativas tienen que proveerlas de todas las ayudas posibles y de inyección de liquidez para que puedan sobrevivir", ha señalado Aparicio.

Por otra parte, en el encuentro se ha acordado también iniciar la negociación de las cuatro mesas de trabajo que están pendientes y cuyos acuerdos deben estar cerrados a 31 de diciembre porque termina su vigencia como son el Acuerdo marco de competitividad, política industrial y digitalización; la Estrategia Integrada de Empleo; Políticas de igualdad, juventud, prevención de riesgos y Ley de Dependencia y la de políticas medioambientales.