Ante el acuerdo llegado entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España de facilitar un listado de positivos en Covid y contactos directos a las Fuerzas de Seguridad del Estado, para que estas puedan controlar sí las personas perjudicadas respetan su cuarentena, han surgido voces que acusan a las instituciones de vulnerar la Ley de Protección de Datos. 

Unas dudas legales que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha querido disipar durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Francisco Igea ha relatado que la posible colisión de derechos que existe entre el derecho a la libertad de movilidad o la protección de la salud pública y del resto de la sociedad, "se resuelve porque prima lo segundo". Algo que, según ha explicado, se consultó con los Servicios Jurídicos de la Junta, antes de tomar esta decisión de control. 

El también consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio recuerda que "no es la primera vez" que se comunica la identidad a las Fuerzas de Seguridad, de pacientes que puedan poner en peligro al resto de la población. "Ya se ha hecho antes con pacientes de tuberculosis, o personas con patologías psicológicas", añadía Igea.