El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso de una pareja condenada por la Audiencia Provincial de Salamanca por un delito de estafa continuada a una mujer que pidió amistad a través de 'Mil anuncios' y de la que se aprovecharon para pedirle al menos 45.000 euros. 

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Frente a esta condena, se presentaron sendos escritos de alegaciones en los que se alegaban los motivos de error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia y conculcación del principio “in dubio pro reo”; e igualmente, la no concurrencia de los requisitos y elementos del delito de estafa por el que se dicta sentencia condenatoria.

Sin embargo, la primera sentencia ha sido debidamente acreditada en la que, según la sentencia, la víctima, una mujer nacida en 1960, puso un anuncio en Internet buscando amistad, a la que respondió una mujer nacida en 1981 con un nombre falso. Así, comenzaron una amistad por la que una de las culpables la presentó a un presunto hermano, que era en realidad su pareja, nacido en 1977, con el pretexto de que podría tener "un proyecto de vida juntos". 

De esta manera, quedaron en la plaza de Santa Eulalia por primera vez y durante 2009 se vieron hasta en tres ocasiones, hablando con ella en múltiples ocasiones, haciéndole creer que la relación podría ser verdad. 

Ante ello, aprovechando, la pareja de este, la mujer, solicitó dinero a la víctima con diversas excusas, de manera que le entregó 45.000 euros. De hecho, llegó hasta firmar un reconocimiento de deuda con el nombre falso, comprometiéndose a devolverlo en 17 días, algo que no hizo. 

De hecho, según considera probado el Tribunal, desde esta fecha de 2009 hasta 2015, la víctima le entregó otras cantidades de dinero a la mujer, aunque no ha sido posible acreditar las cantidades. Finalmente, en 2015, la víctima interpuso la denuncia al sospechar que había sido víctima de un engaño. 

Hay que resaltar que la víctima acude al psiquiatra desde 1997 debido ser una persona sensible, muy vulnerable y dependiente afectivamente. 

Por ello, el Tribunal condenó a dos años de prisión a cada uno de ellos, así como a la devolución solidaria de los 45.000 euros y a una indemnización también conjunta y solidaria de 6.000 euros, cantidades que se incrementarán con el devengo de los intereses legales.