Denuncian deficiencias en las medidas de seguridad para los ayudantes técnicos educativos

Denuncian deficiencias en las medidas de seguridad para los ayudantes técnicos educativos

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar que “existen deficiencias o agujeros en los protocolos que se aplican en los centros educativos frente a la COVID-19” añadiendo además que “la Consejería de Educación no está siendo lo suficientemente ágil en solucionarlos” y ha puesto como ejemplo los que “afectan a los ayudantes técnicos educativos (ATES)” que en Valladolid suman unos 70 para alumnos con atenciones especiales.


Este sindicato ha puesto como ejemplo el caso en un centro educativo de Valladolid donde aseguran que “se ha confinado una clase por un positivo en COVID-19, sin embargo, han aseverado, hay “alumnos que salen de la clase por tener necesidades específicas” los cuales “unos por edad y otros por sus discapacidades” tienen “grandes dificultades para llevar y mantener las mascarillas durante la jornada escolar” tanto en centros de educación especiales como en centros ordinarios y aseguran que “estos alumnos se relacionan entre sí y vuelven a sus respectivos grupos de origen”.


CSIF ha añadido que el trabajo realizado por el personal que atiende a este alumnado teniendo contacto directo con ellos y colaborando incluso en las necesidades más básicas de los mismos sin poderse mantener la distancia personal de seguridad en espacios cerrados “no es correctamente valorado por la administración en esta situación” siendo especialmente dificultoso para las ATES (Ayudantes técnicos educativos) y también para fisioterapeutas o enfermeras.


En el comunicado, CSIF apunta que en las visitas realizadas por un técnico de prevención de la Junta se recomendó “el uso de mascarillas FFP2 para este personal de atención directa desoyéndose esta petición hasta el momento”. Han apuntado que muchos trabajadores “se están viendo obligados a costearse ellos mismos las mascarillas FFP2”.


CSIF recuerda que “estos profesionales están en contacto con alumnos que no pueden utilizar mascarilla o que lo hacen de forma muy poco eficiente” y añaden que “no se cumple el principio en el que si todos llevan mascarilla quirúrgica el riesgo se reduce ostensiblemente” y afirma que es “obligación de la Administración proteger la salud y seguridad de sus trabajadores con medios eficaces” y que “los trabajadores no podrán soportar el coste de las medidas de protección”, como así lo indica la ley 31/1995 de Riesgos Laborales, y que  “hay que prestar especial atención si se confina un grupo de alumnos por un positivo y se desprecian los contactos que se hayan podido producirse en el centro educativo de esos alumnos con otros grupos y profesionales”.


El comunicado finaliza añadiendo que “es la Consejería de Educación la que debe marcar las directrices y no dejar todo el trabajo a los equipos directivos”.