Así se recoge en el escrito de calificación provisional presentado por la AUGC, personada en la causa como acusación popular y que, amén de la referida pena privativa de libertad para el agente, interesa su inhabilitación para el desempeño de empleo público por espacio de ocho años y cuatro meses, y todo ello como autor de un delito continuado de revelación de secretos, otro delito continuado de tráfico de influencias y un delito de revelación de secretos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La investigación de los hechos ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 1. En la causa, además de la Fiscalía, que aún no ha dado traslado de su escrito de calificación, se encuentra también personada, en calidad de acusación popular, la Unión de Oficiales.

En su día, el juez José María Crespo abrió procedimiento contra el agente J.C, así como contra a C.E.R, E.O.C, J.G.C, D.E.A, D.C.F, J.R.R, J.A.O.C, F.G.J, M.A.E.M. y J.A.T.G, a los que se imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

'OPERACIÓN ROSADO'

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la 'Operación Rosado', coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.

Según recogía el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.

Las grabaciones, señalaba el juez, reflejan "la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad" y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.

El magistrado instructor mantenía que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vendía" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores--en un caso se colocó a un fallecido--y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.

Igualmente, se sospechaba que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Este mismo juzgado, en un auto de fecha 8 de septiembre de 2019, ya exoneró al guardia civil y a otros 21 investigados--de un total de 44--de la 'Operación Rosado' desplegada contra el tráfico de drogas al no ver indicios de participación de los mismos en dicha actividad ilícita.