Su red docente, compuesta por 179 centros, acoge a un total de 99.887 alumnos, un 0,15 por ciento más que en el anterior curso

La red de centros de Escuelas Católicas Castilla y León ha subrayado, ante el inicio del curso escolar 2020-2021 este miércoles, la necesidad de contar, más que nunca, con la ayuda de la Junta a fin de poder sufragar el gran esfuerzo económico realizado para adaptar sus 179 centros a las nuevas medidas exigidas para evitar contagios por la Covid-19 entre los cerca de 100.000 alumnos con que cuentan.

En este sentido, el secretario autonómico de la red de centros católicos, Leandro Roldán, tras calificar de "razonables" las medidas de seguridad implantadas por el Ministerio y la Comunidad Autónoma, ha incidido en que todos sus centros están realizando un gran esfuerzo por implantar esos protocolos en muy poco tiempo para garantizar el cumplimiento de todas las medidas obligatorias, incluso con otras medidas adicionales.

Con toda esta sobrecarga, ha advertido, es evidente que los centros están requiriendo más medios personales y materiales, y por ello ha demandado, más que nunca, la ayuda de la administración para poder cumplir con las medidas sanitarias y garantizar la seguridad de alumnos y profesores.

"Somos conscientes de que aplicar algunas de estas medidas conlleva una complejidad desconocida hasta ahora, junto a un coste personal y material realmente considerable", ha reconocido Leandro Roldán, quien también lamenta las dificultades y dudas encontradas en su aplicación en tan corto espacio de tiempo, dados los cambios registrados en los protocolos elaborados durante el verano, en referencia a que inicialmente si no se garantizaba una distancia de metro y medio entre los alumnos era preciso el uso de mascarilla, "una cosa u otra", y luego una nueva adaptación obliga a ambas medidas, excepto en grupos estables, es decir, Infantil y primer curso de Primaria".

Así, Roldán se ha felicitado por el compromiso de la consejera del ramo, Rocío Lucas, de aportar una subvención directa para costear estos enormes gastos que ha supuesto aplicar el protocolo--geles, mascarillas, EPI, limpieza y estudios serológicos--y que, como así ha puntualizado, se repartirán en función del tamaño de los centros educativos y sus unidades, y todo ello al margen de los nuevos 200 docentes contratados con carácter extraordinario que aún hay que ajustar.

Con todo, la patronal sigue pidiendo a la Consejería "más comprensión y flexibilidad para garantizar el cumplimiento de esas medidas y la seguridad de todos nuestros alumnos y profesionales", indica Roldán, quien demanda también una mayor coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas para que sus distintos protocolos se puedan implantar "sin dudas ni colisiones", además de "confianza, comprensión y apoyo social y administrativo" en este momento de gran esfuerzo para educadores y equipos directivos que están en primera línea.

En esa tabla de reivindicaciones incluye más agilidad en la dotación económica adicional que se necesita para poner en marcha muchas de las medidas aprobadas y una mayor flexibilidad de la administración para poner en marcha protocolos que hasta ahora han sido ajenos al proceso de enseñanza habitual.

Un 28,7% DE REPRESENTATIVIDAD
Al margen del coronavirus y su grave incidencia en el desarrollo del presente curso escolar, Escuelas Católicas lo inicia con un total de cerca de 99.887 alumnos en sus aulas, cifra que supone un incremento del 0,15 por ciento respecto del anterior, y 9.000 profesionales, con un modelo educativo que sigue contando con una representatividad del 28,7 por ciento en la educación de la comunidad.

Y es que la patronal recuerda que la educación concertada es de "calidad, complementaria y necesaria", elegida por una amplia mayoría de las familias, y que ha demostrado estar a la altura en momentos tan complejos como durante el confinamiento, con un gran trabajo de sus profesionales a través de la enseñanza online.

Sin embargo, Roldán ve fundamental, "imprescindible", para la educación que los alumnos comiencen el curso de forma presencial con la máxima normalidad posible y que funcionen así todo el año en la medida en que la evolución de la pandemia lo permita.

"La presencialidad es necesaria e indispensable porque es más equitativa y justa, y además, la educación es mucho más que clases online", ha advertido, en alusión a que la enseñanza presencial es más rica en matices educativos, no solo desde un punto de vista curricular, sino también de convivencia y aprendizajes de experiencia, y ofrece la oportunidad de enseñar en valores, algo que nuestros alumnos y familias siempre han apreciado y consideran primordial".