Los principales ayuntamientos de Castilla y León, requieren de la Junta de Castilla y León el establecimiento de un protocolo o guía de uso específico contra la Covid-19 para la práctica deportiva extraescolar en los centros educativos, como paso previo al inicio de las competiciones. En un escrito registrado ayer y dirigido a la directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León, María Perrino-Peña, los concejales delegados del Área de Deportes de los ayuntamientos de Ávila, Benavente, Burgos, León, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toro, Valladolid y Zamora piden al Gobierno regional que establezca una guía de uso “con directrices claras” en torno a las actividades deportivas extraescolares, que se desarrollan habitualmente durante el curso escolar.

La demanda se produce a raíz de la normativa establecida por la Junta de Castilla y León para evitar contagios por Covid-19, que recomienda a las familias “minimizar el uso de actividades extraescolares por el incremento del riesgo de contagio para el alumnado, utilizándose preferentemente por aquellas familias con necesidades de conciliación”. Igualmente en los acuerdos de la Junta para hacer frente a la crisis sanitaria se apunta que “se evitarán, en la medida de lo posible, aquellas actividades extraescolares que supongan la realización de actividades físicas colectivas, por la implicación que tiene en el uso de vestuarios y duchas y en la desinfección regular que habría que hacer de los materiales deportivos de uso comunitario, priorizándose en todo caso actividades deportivas de tipo individual”.

Ante esta situación, los concejales firmantes del documento han demandado un protocolo consensuado con las autoridades sanitarias y educativas que “establezca claramente la posibilidad (o no) de realización de competiciones, entrenamientos, etc., en instalaciones educativas” como colegios o institutos. Igualmente se pide saber quién va a asumir los costes extraordinarios derivados de las necesarias desinfecciones, así como de otros gastos que se desprendan de la realización de las mismas.

Los ayuntamientos dan un plazo de 15 días a la Junta para que dé respuesta a esta cuestión, por considerarla imprescindible para que se den las condiciones necesarias de seguridad para el inicio de la práctica del deporte escolar en los centros educativos el primer trimestre del curso.

En el caso de que no se cuente con dicho protocolo, los ayuntamientos firmantes se remiten a un trabajo conjunto durante este trimestre para poder comenzar la actividad en el próximo mes de enero.