El Consejo de Cuentas de Castilla y León inicia el informe de fiscalización sobre el Análisis de la situación económico financiera de la Universidad de León y de sus entes dependientes, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2020, y cuyo documento de directrices técnicas fue aprobado ayer lunes por el pleno del órgano de control celebrado en Palencia, presidido por Mario Amilivia, e integrado, además, por los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez.

Se trata de una de las fiscalizaciones de carácter especial que impulsa el órgano de control externo, una auditoría operativa de gestión cuyo objetivo general es la realización de un análisis, mediante diversos indicadores, sobre determinados aspectos de la actividad y la situación económico-financiera de la ULE y sus entes dependientes, analizando sobre todo las cuentas rendidas por esta entidad en el ejercicio 2019 y los tres anteriores, poniendo el foco en aspectos relacionados con la financiación de la universidad leonesa y en determinados tipos de gasto.

Así, se pretende identificar los indicadores más relevantes de dicha situación, observar su evolución y comportamiento, así como alertar a los entes fiscalizados de las desviaciones más significativas detectadas en ellos, si fuese el caso.

En relación con los objetivos generales del trabajo, se centrarán en analizar la estructura y evolución de las magnitudes más relevantes del estado de liquidación del presupuesto rendido en 2019 y en los tres ejercicios anteriores para poder obtener, entre otros apartados, una visión del grado de ejecución presupuestaria, indicadores presupuestarios en relación con los ingresos y gastos, nivel de prestación de servicios, carga financiera soportada en su caso y resultados, estructura y evolución de las masas patrimoniales y magnitudes de los balances sobre la situación y cuentas del resultado económico-patrimonial rendidas, así como sobre su liquidez, endeudamiento y solvencia.

El análisis de las cuentas desde el ejercicio 2016 permitirá obtener una evolución de las principales magnitudes y la tendencia experimentada por los diferentes indicadores con respecto a los años precedentes. Las fiscalizaciones de este tipo contribuyen al impulso de los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, permitiendo, asimismo, la adopción racional de decisiones.

En este contexto, el Consejo de Cuentas desarrolla desde el pasado mes de febrero, entre otras fiscalizaciones, la relativa a la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de Cuentas, lo que posibilitará el cálculo de los costes reales de docencia de cada una de las titulaciones impartidas en estos centros, así como utilizar los costes de docencia e investigación como instrumento básico en el que fundamentar, en su caso, el nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas de la Comunidad.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, que realiza la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del Sector Público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León, ha aprobado hasta la fecha 198 informes. El presidente del órgano, Mario Amilivia, volverá a comparecer en próximos días ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar informes aprobados y aún pendientes de exposición y de su posterior debate por parte de los grupos políticos.