El Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación ha propuesto modernizar y profesionalizar la Lonja Agropecuaria de Salamanca para incluirla en el registro de 'Lonjas de Referencia' y sus asociaciones del Gobierno de España.

La formación naranja defenderá en el próximo pleno una moción en la que se solicita a la Institución provincial que inicie el procedimiento para reformar los estatutos de la Lonja salmantina con el fin de adaptarla para que se la incluya en esta lista de ámbito nacional.

Las 'Lonjas de referencia' o 'centinela' están reguladas por el Real Decreto 427/2020 de 3 marzo y su objetivo es mejorar el funcionamiento y la transparencia de estos mercados agrarios. Serán las encargadas, además, de enviar la información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a instituciones europeas para fines estadísticos.

El diputado provincial Jesús de San Antonio ha recordado la importancia del mercado de ganado de Salamanca – y por extensión de su Mesa de Precios – para el sector agropecuario español, aunque ha señalado que "necesita de una modificación de sus estatutos para evolucionar".

De San Antonio ha explicado que la regulación de las lonjas "es crucial para garantizar información fiable, no sesgada, representativa y objetiva", así como para asegurar "el respeto a las normas de la competencia, muy sensible para evitar el condicionamiento de los precios en los mercados".

"No podemos quedarnos atrás, sobre todo después de todo el trabajo realizado a lo largo de estos años. Nuestro deseo es mejorar lo que tenemos, especialmente en estos momentos de incertidumbre económica, social y sanitaria", ha afirmado.

El partido, además, presentará en la sesión plenaria de la próxima semana una moción contra la ocupación ilegal de viviendas. En el texto se alerta del incremento de este tipo de delitos y se analiza desde una perspectiva jurídica, política y social la situación de muchos propietarios ante las acciones de los 'okupas'.

Desde Ciudadanos se proponen alcanzar un compromiso en la lucha contra esta lacra, para acelerar la devolución de las casas a sus legítimos propietarios; la cooperación institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Local, y promover las reformas legales necesarias para asegurar la buena convivencia y la propiedad privada.

En el ámbito local se pide reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanos, facultándoles para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan.