En CyL se benefician las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que amplía las ayudas a nuevas entidades locales por daños producidos por temporales y otras catástrofes ocurridas entre el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, incluyendo las DANAs de otoño de 2019 y Gloria de principios de este año.

El presupuesto total alcanza los 226 millones de euros, de los que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública aportará la mitad, 113 millones de euros, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En Castilla y León, las provincias que se beneficiarán de estas partidas son la de Salamanca, por la DANA del 9 y 17 de septiembre de 2019; Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora, por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien del 16 al 22 de diciembre.

Los proyectos relacionados se centrarán en obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, red viaria de los consejos y cabildos insulares, de las diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales, que podrán recibir una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en su comparecencia del pasado 18 de junio, en la Comisión de Entidades Locales del Senado, anunció la ampliación de las ayudas a otras catástrofes naturales registradas hasta el 31 de marzo de 2020.

"Con este decreto el Gobierno de España da un paso muy importante, por primera vez en menos de seis meses se actualizan todas las ayudas para reparar los daños causados por este tipo de situaciones", continúa el comunicado.

FINANCIACIÓN
Las subvenciones se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilita y se incorpora en el presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La estimación de daños se determinará en función de la información que aportan las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y que, según la descripción del bien y la obra a ejecutar, puedan considerarse de titularidad y competencia municipal.