La Consejería de Educación de Castilla y León ha explicado que el protocolo en el que se trabaja ante casos de COVID-19 en los centros educativos "no es un 'plan B' como tal" para el conjunto de los colegios e institutos, sino que contempla actuar "en función de las necesidades de cada uno", al tiempo que ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a las familias y a toda la comunidad educativa.

La consejera, Rocío Lucas, ha subrayado la apuesta del Gobierno castellano y leonés por la presencialidad educativa para el nuevo curso, incluso a partir de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), etapa educativa para la que el Ministerio sí daba la opción de la semipresencialidad, algo que Lucas ha defendido para otras autonomías con mayor concentración de alumnos en los centros, circunstancia que no se da en Castilla y León más allá de algunos casos concretos para los que se está buscando alternativa y que suponen un porcentaje "muy pequeño" sobre el total.

Asimismo, ha puntualizado que en caso de que hubiera que aislar grupos o centros por brotes de coronavirus, está prevista la digitalización de los centros para que dicho aislamiento "sea físico, pero no educativo" y la enseñanza quede garantizada. Para ello, a los 10.000 profesores que recibieron formación en competencias digitales durante el confinamiento se han sumado otros 7.000 en el mes de julio.

En cuanto al protocolo para actuar en caso de COVID en los centros, la titular de Educación ha indicado que existe un borrador sobre el que las comunidades están haciendo aportaciones que se debatirán en las próximas interterritoriales de Sanidad y Educación, además de en la Conferencia de Presidentes monográfica sobre esta cuestión, plan que espera que sea "lo más homogéneo y coherente posible".

En cualquier caso, ha subrayado que todavía "quedan tres semanas" para ultimar estos detalles y ha enfatizado la importancia de "tener criterios uniformes" en todo el país "aunque eso implique algo más de retraso".

Para garantizar esta vuelta segura a las aulas, se ha reducido el número de alumnos por grupo de 25 a 22 en Infantil y Primaria y de 30 y 35 respectivamente en Secundaria y Bachillerato a 25 para ambos --de forma que en caso de positivos sean más fáciles de aislar y trazar los contagios--.

Por ello que se han creado grupos nuevos y se han contratado más profesores --600 en la educación pública y 200 en la concertada--, al tiempo que se han reforzado los trabajos de limpieza y desinfección y se ha dispuesto de geles hidroalcohólicos y mascarillas para los centros.

La consejera ha asegurado que en caso de bajas por COVID-19 entre los profesores, éstas se cubrirán "rápidamente", mientras que en lo referente al transporte escolar, se aumentará el número de acompañantes para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los alumnos y se intensificará la desinfección en los vehículos.

Como ha reconocido Lucas, puede darse el caso de que durante el curso haya centros que tengan que adaptarse a la formación virtual mientras en el grueso se mantiene la presencialidad y ha advertido de que en cada caso se valorarán las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho a la educación y la seguridad para toda la comunidad educativa.

También se espera que todos los docentes hayan pasado test PCR antes de la reincorporación de los alumnos --prevista a partir del 9 de septiembre en función de las etapas educativas--, 5.000 ya los pasaron en julio, unas pruebas que la Consejería ha ofrecido también a las universidades de la Comunidad.

Sobre la educación universitaria, Rocío Lucas ha reconocido la "preocupación" por la movilidad de los estudiantes a sus campus, pero ha recordado que en este caso la formación semipresencial "es más fácil" por la edad de los alumnos y su "capacidad digital".